Esta mañana, en el Pleno de la Asamblea Nacional, se realizó el acto de posesión de los 14 consejeros y consejeras definitivos del Consejo de Participación y Control Social (Cpccs). El presidente del Parlamento, César Litardo, tomó juramento al encargo de los nuevos titulares del Cpccs principales y suplentes, quienes estarán en funciones por un periodo de cuatro años.
Los funcionarios recibieron sus credenciales como consejeros y consejeras por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 6 de junio de 2019, que los acreditó como titulares de esta función del Estado. Esta designación se eligió en las urnas el pasado 24 de marzo, en el proceso de elecciones seccionales 2019.
Carlos Tuárez, Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira, Walter Gómez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Christian Cruz, asumirán como principales. Por su parte, los suplentes son: Ibeth Estupiñán, Mariuxi Moreira, Karina Ponce, Juan Javier Dávalos, David Rosero, Hernán Ulloa y Francisco Bravo.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social forma parte de la Función de Transparencia y Control Social del Estado. Se encarga fundamentalmente de designar a las autoridades y delegados de la ciudadanía a los entes de control. Así mismo, esta institución se encarga de presentar, promover e impulsar propuestas normativas en materias de participación y control social, según lo establecido en la Constitución de la República.
En contexto
Tras la vigencia de la Constitución de 2008 el Cpccs se conforma con 14 consejeros y consejeras designadas mediante concurso de méritos y oposición. Mientras que, en el 2018, con la Consulta Popular planteada por el actual Gobierno, el mecanismo de elección de los representantes del Consejo de Participación, se desarrolló mediante elección popular.
Según la Ley Orgánica que rige a esta institución, sus atribuciones se enmarcan en promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social. Así mismo, investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción, entre otras.
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