Un nuevo proyecto de Ley que busca contribuir con el medio ambiente y con el ahorro de recursos al Estado conoció la Comisión del Desarrollo Económico. Se trata del proyecto de Fomento a la Movilidad Sostenible y Desarrollo de la Electromovilidad, de iniciativa de la asambleísta Elizabeth Cabezas.
En 2018, el Estado gastó 2.125 millones de dólares en subsidios de combustibles, mientras que las emisiones de CO2 per cápita pasaron de 1,64 toneladas métricas por persona a 2,76. Además, se evidencia una profunda crisis en seguridad vial y movilidad: el año pasado se produjeron más de 25 mil siniestros de tránsito y más de dos mil muertes.
Con estos datos, Cabezas justificó, en parte, su propuesta, cuyo objetivo es establecer un marco legal, económico y de difusión pública que promueva la movilidad sostenible y otras alternativas que no sean contaminantes. Plantea algunos incentivos, entre ellos beneficios tributarios, planes de crédito, créditos no reembolsables para el impulso del transporte público masivo, liberación de restricciones como pico y placa y descuento en matriculación.
El proyecto se aplicará no solo a los vehículos eléctricos, sino también a componentes, repuestos, kits de reconversión, equipos, infraestructura, maquinaria, reparación, mantenimiento, entre otros. Incluye la propuesta de crear la Agencia Nacional de Movilidad Sostenible con sus autoridades, fondos, conformación, funciones y directorio. Esta entidad realizaría estudios y estadísticas sobre eficiencia energética.
La propuesta inmediatamente generó debate, en donde se evidenció el respaldo de los legisladores de la Comisión. Doris Soliz aseguró que es fundamental para cambiar la matriz de consumo, puesto que en el 2018 se importaron más de 101 mil vehículos que consumen combustible y solo 2.800 eléctricos o híbridos. Planteó la necesidad de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados incentiven este tipo de vehículos.
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