Amplio debate generó el proyecto de reformas a la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, denominado “impuesto verde”, durante la jornada matutina y vespertina del Pleno. Los parlamentarios destacaron que los ingresos de este tributo abusivo perjudicaron al bolsillo de la clase trabajadora y no cumplió su objetivo de reducir la contaminación ambiental, por tanto, lo conveniente es eliminar el impuesto ambiental a la contaminación vehicular.
Luego de la intervención de 25 legisladores, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, dio por concluido el primer debate y solicitó a la Comisión estructurar el informe para segundo debate.
Los parlamentarios enfatizaron que la finalidad de un tributo ambiental es incentivar a las personas a asumir conductas ecológicas, sociales y económicas responsables, pero que en el presente caso, el “impuesto verde” no cumplió su objetivo, parte de la recaudación ha servido para financiar gasto corriente, en lugar de políticas ambientales.
Se dijo que el impuesto es confiscatorio con los bienes. Se destacó que la Asamblea Nacional siempre estará a favor de la defensa y el cuidado de la naturaleza en el Ecuador y el mundo, pero no se puede imponer impuestos a costa del bolsillo de los ecuatorianos. Sugirieron condonar las deudas por este concepto.
Reiteraron, que hay que ir a la remisión de los valores que los ecuatorianos no pueden pagar y que muchas veces superan el costo real de los vehículos que se usan para trabajar.
Advirtieron que el impuesto ambiental graba a la propiedad y no a las emisiones, solo por el hecho de tener un vehículo de determinado cilindraje. Dijeron que desde el 2012 se ha recaudado 822 millones de dólares por concepto de este tributo.
Los asambleístas, mencionaron que entre el 2007 y 2011 la compra de vehículos de alto cilindraje era de 51% y luego de la implementación del “impuesto verde” este porcentaje bajó al 35%.
Sostuvieron que es inconstitucional e ilegítimo este impuesto, considerando que forma parte de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, misma que entró en vigencia sin el pronunciamiento ni discusión de la Asamblea Nacional.
Se propuso solicitar una rendición de cuentas del período 2012 al 2019 de las autoridades del Ministerio de Finanzas y Ambiente así como de los directivos del Servicio de Rentas Internas (SRI) para conocer sobre el destino de los impuestos.
Todos coincidieron que hay desafíos que cumplir como Estado y sociedad frente a una problemática que demanda mayor responsabilidad como es: proteger el medio ambiente.
JLVN/ea
