La crisis penitenciara necesita respuestas oficiales de las máximas autoridades del Gobierno, por ello, era necesario la presencia de la ministra del Interior, María Paula Romo, a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Así lo expresaron los asambleístas de la mesa legislativa al dejar para otra ocasión su comparecencia. Sin embargo, sí recibieron en comisión general a su delegado, el viceministro del Interior, Patricio Pazmiño.
Durante su exposición destacó que los nudos críticos del sistema penitenciario son: la débil organización y gestión de Talento Humano, ahí se enmarca la asignación de talento humano sin planificación, el mínimo entrenamiento y capacitación, así como la inexistencia de un sistema de evaluación o incentivos, recalcó. Sobre la infraestructura en mal estado: reconoció que hay deterioro en las instalaciones. Respecto a la insuficiente rehabilitación social apuntó que hay un débil proceso de seguimiento y evaluación al plan de vida de las personas privadas de libertad (PPL). En cuanto a la seguridad mencionó que la tecnología es obsoleta y el funcionamiento no es el adecuado, falta una mejor clasificación de los PPL y hay un débil cumplimiento de protocolos.
En referencia al hacinamiento en las cárceles del país mencionó que el total de personas privadas de libertad hasta mayo de 2019 fue de 40.006 cuando la capacidad instalada, es para 28.554. Por lo tanto, el hacinamiento alcanza el 40,11%, detalló.
Respecto a los números de fallecidos en los centros de privación de libertad dijo que son 49 víctimas, 19 de ellos por muerte violenta -cifra hasta el 15 de junio de 2019. Informó que las otras son por causa natural, suicidios y legítima defensa. Reconoció que eso refleja que el sistema penitenciario está colapsado.
Al finalizar su intervención realizó algunas recomendaciones: desarrollar una ley orgánica de régimen penitenciario, establecer un régimen especial penitenciario (reforma al artículo 696 del Código Orgánico Integral Penal), la valoración del proceso abreviado en casos de reincidencia y reformar el Código Orgánico de entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) y Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) para institucionalizar al cuerpo de vigilancia penitenciaria.
Debate
Una vez concluida su intervención los legisladores plantearon varias interrogantes al Viceministro del Interior, entre ellas, el presupuesto invertido para el estado de excepción, la capacitación que reciben los guías penitenciarios, el traslado a centros de rehabilitación que tienen mayor capacidad, el ingreso de celulares y la difusión de videos, incluso se sugirió reformar la Constitución para que exista la pena de muerte o prisión perpetua. Varias de las preguntas no fueron respondidas porque no eran competencia del Ministerio o por ser información reservada.
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