Aliviar el bolsillo de los ecuatorianos que han acumulado deudas por no poder pagar el Impuesto Verde fue una de las consideraciones que tomó la Asamblea Nacional para aprobar, con 90 votos afirmativos y 29 negativos, el proyecto a través del cual se busca eliminar este tributo, a partir del 2020.
Si bien la norma no puede ser retroactiva, es decir, no se puede aplicar desde este año, los parlamentarios tuvieron precauciones para incluir disposiciones que beneficien a quienes mantienen deudas y a quienes deben pagar el Impuesto en este 2019.
Las deudas acumuladas por los contribuyentes suman cerca de 300 millones de dólares, de los cuales 47 millones son por intereses, según el ponente del proyecto de Ley Derogatoria al Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (Impuesto Verde), Homero Castanier. El Pleno aprobó la remisión de intereses, multas y recargos, no así el capital. Ese rubro deberán cancelarlo, si quieren acceder a la remisión.
Pero, los legisladores analizaron la situación de quienes mantienen las deudas y llegaron a la conclusión de que son los que menos tienen y, en algunos casos, con deudas elevadas, que superan el 50% del avalúo de su vehículo. Por eso, incluyeron una disposición para facilitar el pago del capital, que puede ser en cuotas hasta por un plazo de 3 años o lo pueden cancelar en su totalidad. Además, se eliminan las obligaciones pendientes de más de cinco años, tanto de capital como de intereses.
Desde la vigencia de la norma, en 2012, el Impuesto Verde tuvo una reducción gradual hasta el año pasado. En ese 2019 se debía cancelar el 100% y por ello los valores impagos llegaron a 109 millones de dólares, mientras que el año pasado fue de 46 millones. Frente a esa realidad, la Asamblea aprobó que para este Impuesto debe regir las mismas condiciones del 2018, es decir, con descuentos.
Otra de las ventajas que incluyó el Parlamento es que para iniciar un trámite de chatarrización, no será requisito previo la cancelación de obligaciones pendientes por el Impuesto Ambiental y una vez culminado el proceso de chatarrización, los compromisos pendientes se declararán extinguidos.
En el debate, los legisladores consideraron que la norma no cumplió con su objetivo de mitigar la contaminación ambiental por algunos criterios, uno de ellos que solo se aplicó a 2,8 millones de vehículos, es decir, el 17% de la totalidad, dejando libres del tributo al transporte público y otros sectores.
Además, acotaron que no logró cambiar una conducta ciudadana amigable con el medio ambiente, los recursos recaudados no se destinaron a remediación ambiental y que es inaplicable para la realidad de los más pobres, quienes generaron deudas impagas.
Por el contrario, analizaron que una de las medidas para contrarrestar la contaminación es a través de la mejora de la calidad de los combustibles, fortaleciendo los planes de chatarrización y mejorando el sector del transporte, que consume el 46% del total de la energía, cuando en el mundo es un promedio del 28%.
El proyecto de Ley será remitido a la Función Ejecutiva, a fin de que lo observe o lo sancione.
LILA/ea
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