La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta Ximena Peña, dio paso al análisis de las observaciones al proyecto de Ley de Registro Nacional de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes, previo a la definición del informe para segundo debate.
La mesa recibió a la legisladora Silvia Salgado, quien formuló varios aportes al respecto. Reconoció que la normativa obtuvo amplio consenso en el Pleno de la Asamblea, tomando en cuenta que está basada en un principio fundamental: el interés superior del niño y la protección especial a víctimas de delitos penales, el derecho a la reparación integral, garantías de no repetición y la protección a la niñez contra todo tipo de violencia.
Precisó que a la normativa le ampara la Constitución, al sugerir que el proyecto no se quede solo en el ámbito educativo, sino que se amplíe al aspecto deportivo y cultural. Además que tenga como finalidad: prevenir, reducir y erradicar toda forma de atentado contra la integridad sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes.
Planteó que en los delitos de abuso sexual el juzgador, a más de la pena privativa de libertad, disponga que cumplida la pena el sentenciado sea impedido de ejercer su profesión u oficio en lugares donde tenga relación con niños y niñas.
Debate
Franklin Samaniego explicó que la reforma al Código Penal ya prevé la determinación de impedir que las personas sentenciadas por delitos de abuso sexual puedan ejercer la profesión u oficio en lugares que tengan relación con niños, niñas y adolescentes.
La legisladora Lourdes Cuesta Orellana, autora del proyecto, manifestó que hay sugerencias en el sentido que sea el Ministerio del Interior el que administre el Registro de Violadores, porque tiene un sistema de antecedentes penales que puede ser optimizado. Aclaró que la propuesta no limita su aplicación al ámbito educativo, sino que se refiere a todos los ámbitos.
MG/
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