El centro de Cuenca y otros puntos por donde se construye el tranvía parecen pueblos fantasmas: locales cerrados y vías intransitables y vacías. Con esta descripción, la asambleísta Lourdes Cuesta buscaba explicar la importancia de tramitar su proyecto de Ley de Cooperación Ciudadana en la Construcción.
La falta de planificación en la construcción del Tranvía ocasionó una serie de problemas, como la afectación al comercio, a la imagen de la ciudad y malestar ciudadano, por ya cinco años, explicó. Según la parlamentaria su iniciativa pretende que exista mayor planificación, con la cooperación de la ciudadanía, en la ejecución de obras, a fin de evitar inconvenientes.
Esa historia la corroboró el presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, quien se refirió a las dificultades de los frenteros y ciudadanía. Como cuencanos hemos sido extremadamente pacientes. Debemos legislar para poner en las leyes lo lógico, por ejemplo, que se trabaje en las noches y fines de semana. Este es un proyecto que da respuesta a la geste, enfatizó.
El proyecto
El proyecto de Ley de Cooperación Ciudadana en la Construcción tiene como fin ofrecer una legislación que permita la atención, organización, coordinación y apoyo a quienes se vean afectados por la construcción de una obra de grandes magnitudes, que implique el cierre temporal de una zona. Lourdes Cuesta explicó se busca disminuir el número de afectados y aseguró que, al culminar una obra, se garantice una reactivación comercial.
Plantea que la autoridad que planifique la ejecución de una obra a gran escala y que implique el cierre temporal de una zona determine el perímetro de afectación. Además, en el proceso de negociación y contratación de la obra se contará con la participación de asambleas ciudadanas.
También propone que se conforme una delegación, integrada por la parte contratante, contratista y moradores, quienes velarán por el cumplimiento del cronograma de la construcción y elaborarán un registro de emprendedores, artesanos, pequeñas y medianas empresas que se encuentren en el perímetro de afectación.
La entidad contratada destinará el 2% del monto total del contrato para promoción, reactivación y regeneración comercial. En cambio, la entidad contratante promoverá el apoyo crediticio por parte de la banca pública y privada para que los comercios puedan acceder a créditos y rehabilitar sus actividades.
LILA/ea
