La Comisión del Desarrollo Económico evaluará la aplicación de la Ley de Fomento Productivo para verificar si ha cumplido con su objetivo de reactivar la economía y generar empleo. Para ello, convocarán a los representantes de organizaciones e instituciones con los que se construyó la norma, a fin de que informen de qué manera les ha beneficiado. Los legisladores indican que hay ciudadanos que, por desinformación o mal interpretación de la Ley, han sido excluidos de sus beneficios.
Fernando Burbano, quien lidera esta iniciativa, explicó que el propósito es encontrar una metodología efectiva para evaluar al resto de normas aprobadas. La propuesta cuenta con el respaldo de la Unión Interparlamentaria, que agrupa a casi todos los Congresos del mundo. La Asamblea ha iniciado acuerdos para compartir esta experiencia con otros países. También tendrá el auspicio de universidades y fundaciones. Ecuador es uno de los pocos países de la región que está fomentando esta actividad, precisó.
Señaló que existen algunos caminos para evaluar una norma: mediante una auditoría externa; creando en cada Parlamento una unidad específica; o que los propios legisladores lo hagan, junto con los actores que participaron en la construcción de la Ley. La Comisión optó por esta tercera vía.
Si bien en los próximos días lo harán oficialmente, aplicando cierto parámetros, los legisladores de la mesa ya han dado seguimiento, sobre todo a la Ley de Fomento Productivo, que establecía tiempos límites para algunos beneficios. Por ejemplo, determinó un año plazo para que los deudores del Banco Nacional de Fomento, en Liquidación, puedan acceder a la remisión de intereses, si pagan el 1% del capital de la deuda. Al mismo tiempo, podían acceder a la reestructuración de la misma hasta por el doble del tiempo, con el 5% de interés. La Ley entró en vigencia el 31 de agosto de 2018.
Pero, la evaluación no solo tiene tintes negativos. La idea es ir mejorando, según Burbano. Determinar si la Ley requiere cambios, a fin de alcanzar mejores oportunidades para los ecuatorianos. Recordó que en la Ley de Fomento Productivo se aprobó su propuesta para que en la construcción de vivienda social se priorice la utilización de materiales sostenibles, como la caña guadúa.
Dijo que ya se han construido 100 viviendas y existe una demanda de 1.000 más. Por otra parte, la Secretaría de Educación Superior creó tres nuevos oficios de maestros constructores en este material, artesanos y ebanistas en caña. Pero, cree que este impulso se lo debe complementar con un apoyo al sector agropecuario para que se generen cultivos sostenidos de guadúa.
Los recursos que comprometen la Ley, la institucionalidad que se crea, los plazos que dispone serían, entre otros, algunos indicadores. En el futuro, buscarán que sea una práctica permanente para generar un cambio en el país.
LILA/ea
