Destrabar las dificultades que se presentan al momento de emprender es el objetivo del proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación. La primera piedra en el camino con la que se encuentran los ciudadanos es contar con los recursos económicos suficientes para montar su negocio o servicio. Para ello, la Comisión de Desarrollo Económico, que tramita esta iniciativa legal, propone algunas alternativas.
Una de las vías a las que acuden muchos ecuatorianos es a los créditos, pero, según Esteban Albornoz, presidente de la mesa legislativa, en ese momento se encuentra con otras barreras, especialmente los jóvenes, pues les exigen historial crediticio y garantías en bienes muebles, como terrenos o casas.
La Comisión plantea que los emprendedores puedan colocar como garantías a activos intangibles, que estarán respaldadas por el Fondo Nacional de Garantías. Mientras, para dar un adecuado uso de estos bienes, estos deberán estar debidamente registrados y valorados por entidades de derecho público o privado. La Junta de Política y Regulación Monetaria creará el marco normativo para calificar a los operadores que deseen registrarse como entidades de valoración.
Superado este inconveniente, los legisladores quieren dar otro paso. Albornoz quien, junto a César Rohon, son los autores del proyecto, explicó que proponen algunas fuentes de financiamiento, que si bien ya se han dado por iniciativa de algunos ministros, buscan que se convierta en política de Estado.
El acceso preferente a los servicios financieros y a los fondos de inversión pública es una opción, pero, además, plantean un financiamiento inicial, mediante créditos de capital semilla, así como capital de riesgo. En este caso, la entidad financiera pone a disposición del proyecto emprendedor recursos económicos, participando de modo directo tanto en los riesgos y como en los resultados del negocio.
También plantea el acceso a capital ángel, que consiste en que un inversor aporta con capital o conocimientos técnicos a emprendedores que quieran poner en marcha un proyecto, que estén en el inicio de la actividad, o que deban enfrentar una etapa de crecimiento o internacionalización. Según el proyecto, esta inversión no podrá superar el 49% del capital societario a favor del inversionista.
La Comisión analiza, por ahora, las observaciones planteadas por los legisladores en el primer debate del 7 de agosto pasado y otras presentadas en el proceso de socialización, antes de elaborar el informe para segundo debate.
LILA/ea
