En la reinstalación de la sesión 492 para continuar con el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Pleno recibió en comisión general a los titulares del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), así como a representantes de organizaciones sociales relacionadas con esta temática, quienes formularon observaciones y propuestas en materia electoral.
Así, Diana Atamaint, presidenta del CNE, propuso, entre otros temas, la eliminación de las circunscripciones electorales, que se aplique el método Webster para la asignación de escaños en elecciones pluripersonales; la garantía de la paridad de género en la conformación de listas; sanciones drásticas para la violencia de género en política y un eficiente control del gasto electoral, con una Unidad Especializada en Delitos Electorales.
Según la ingeniera Atamaint, los planteamientos del Consejo Electoral buscan más democracia, transparencia y el absoluto respeto entre los sujetos políticos. “Nunca más hombres ni mujeres violentados en las campañas políticas”, enfatizó.
De su lado, Arturo Cabrera, titular del Tribunal Contencioso Electoral, solicitó a la Asamblea entregue las herramientas indispensables para administrar justicia electoral con los niveles y estándares exigidos por la Constitución, los instrumentos internacionales y las leyes. “Para ello, proponemos incluir un capítulo relacionado con el procedimiento contencioso electoral, porque actualmente no se cuenta con estas disposiciones y se aplica un reglamento que está totalmente fuera del contexto legal vigente, los plazos, términos y etapas que corresponden a este procedimiento, no se compadecen con los plazos previstos en el calendario electoral”, agregó.
Entre tanto, Nydia Pesántez, de ONU Mujeres, expuso las recomendaciones de los comités de expertos de la Convención para la Eliminación de toda forma de Violencia contra la Mujer y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el sentido que el Estado debe profundizar sus esfuerzos para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular, tanto unipersonales, cuanto pluripersonales.
Para Simón Jaramillo, subdirector de la Corporación Participación Ciudadana, subrayó que uno de los retos de los asambleístas está en reformar dos aspectos fundamentales: los distritos y el sistema de representación política.
Lo importante dentro de las reformas al Código de la Democracia está en que se pueda devolver y sincerar el sistema de representación política, para lo cual es indispensable retomar los grandes distritos, como el caso de Guayas, Pichincha, entre otras provincias, para garantizar una mejor representación, por un lado y potenciar la presencia de la mujer, por otro, porque si se amplía el número de escaños del distrito hay más posibilidad para que un partido mejore su participación, con un sistema de elección de listas cerradas.
A criterio de Fausto Camacho, del Observatorio Electoral, el Código de la Democracia vigente no cumple con los tres principios establecidos en la Constitución para los procesos electorales: la igualdad del voto, la proporcionalidad en la representación y la paridad de género. Sugirió, además, que no se exija al funcionario público que aspire a un cargo de elección popular acogerse a una licencia sin sueldo, desde la fecha de inscripción de la candidatura, hasta el cierre del proceso electoral.
EG
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