La necesidad de generar un régimen especial para Galápagos, controlar el incremento de la población, respetar el estilo de vida del isleño a fin de atender sus necesidades, fueron los temas expuestos en la Comisión de Biodiversidad durante análisis de las reformas a la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos.
Los parlamentarios creen que la normativa debe regular el reglamento jurídico administrativo, régimen ambiental, planificación, ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable de la provincia de Galápagos, con estricto apego a los principios de prevención, precaución, conservación del patrimonio natural del Estado y del buen vivir.
Señalaron la necesidad de consolidar un modelo integral de gestión socio ecosistema, que limite los derechos de migración interna, trabajo o cualquier otra actividad pública o privada que pueda afectar al ambiente y a la naturaleza.
Precisaron que la conceptualización de Galápagos como socio ecosistema permitirá entender las relaciones de dependencia entre el sistema social y los ecosistemas insulares y marinos (áreas protegidas), es decir, vínculos bidireccionales entre lo social y lo natural.
La legisladora Vanessa García mencionó que en las reformas a la Ley de Galápagos se deberían trabajar en la visión socio ecosistema de la provincia, asegurando el bienestar y calidad de vida de esta y las futuras generaciones, es decir, caminar hacia la autosuficiencia para no depender tanto del continente, sino más bien, ser capaces de producir buenos alimentos, generando así una economía local.
Esto permitirá inversión en desarrollo orientado a beneficios sociales como la educación, salud, cultura y deporte. Un desarrollo responsable que controle eficientemente el incremento de la población y tome en cuenta los límites que imponen las características de los ecosistemas de Galápagos, agregó García.
Otro tema analizado por los comisionados fue el objetivo de la normativa, los principios orientados hacia las políticas, planes, acciones públicas y privadas en la provincia de Galápagos y sus áreas naturales protegidas. Precisaron que se tomará en cuentas aspectos normados en el Código de Ambiente.
Contratación preferente
Debido a los altos índices de empleo y pobreza en la región Amazónica, la Comisión de Biodiversidad citará al gerente general de Petroamazonas EP, Alex Galárraga y a la directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), Silvana Vallejo. Los funcionarios deberán explicar, en el ámbito de sus competencias, las políticas y gestiones implementadas para el cumplimiento de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica en los temas relacionados con la obligación de contratar mano de obra de la región, así como a los procesos de contratación pública para la compra, adquisición o contratación de obras, bienes y servicios.
JLVN/ea
