La Comisión de Justicia aprobó, con 11 votos a favor, el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Registro Nacional para Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes (REVAAS), de iniciativa de la legisladora Lourdes Cuesta.
La propuesta tiene como finalidad convertirse en una herramienta que permitirá que aquellas personas que han cometido delitos en contra de su integridad sexual y reproductiva, queden inhabilitadas para trabajar en actividades que se relacionen de manera directa con este grupo de atención prioritaria. A mediano y largo plazo, la medida preventiva espera reducir la reincidencia en este tipo de delitos.
Se registrará a las personas mayores de edad, nacionales y extranjeras, que han cometido delitos en contra de la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes, inhabilitándolas por el mismo tiempo establecido en la sentencia condenatoria ejecutoriada, una vez cumplida la misma, para ejercer trabajo, empleo, oficio o voluntariado en actividades que se relacionen de manera directa o indirecta con este grupo.
Todas las entidades, autoridades, personas jurídicas o naturales que requieran contratar a una persona que involucre una relación directa con niñas, niños y adolescentes deberán exigir y verificar que la persona interesada no se encuentra inscrita en REVAAS. El incumplimiento de este requisito será causal de destitución o visto bueno, según corresponda, sin perjuicio de que esta acción u omisión pueda dar lugar a acciones civiles o penales ante la eventual agresión en contra de menores.
Mesa técnica
Previamente, Karín Jaramillo, de la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) y Amada Velásquez, de la Secretaría Nacional de Aduana (Senae), acudieron ante la Comisión de Justicia, para exponer sus puntos de vista en torno de las reformas al Código Orgánico Administrativo.
La discusión se centró en determinados inconvenientes que actualmente tienen los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) para la aplicación de juicios de coactiva, así como los términos del recurso de revisión, levantamiento del velo corporativo y silencio administrativo.
Jaramillo recordó que los niveles de gobierno: consejos provinciales, municipalidades y juntas parroquiales suscribieron con la Asamblea Nacional un acuerdo para emprender normas eficientes y eficaces, a fin que el sector público garantice un servicio oportuno y óptimo a nivel territorial para atender las necesidades de la población.
Planteó compaginar los cambios integrales que se tramitan al Cootad con las reformas al Código Administrativo, considerando la dinámica de municipios grandes respecto a los de frontera.
Amanda Velásquez, de la Senae, dijo que es necesario revisar la conveniencia de reducir los plazos para tramitar y dar respuesta a un recurso de revisión, más aún cuando en materia tributaria se requiere de informes técnicos y de evaluación operativa.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, anunció la instalación de una mesa técnica interinstitucional, la cual procesará todas las propuestas, aportes y observaciones al Código Administrativo.
MG/ea
Más fotografías:
