En la Comisión de Justicia, el legislador Vicente Almeyda explicó el alcance y contenido de su proyecto de reforma a la Ley de la Contraloría. Por su parte, el controlar Pablo Celi formuló reparos al proyecto de Tribunal de Cuentas, presentado en el 2017. Específicamente, Almeyda planteó la necesidad que los auditores internos de la Contraloría, en las diferentes entidades seccionales donde participan, asuman responsabilidades en los controles previos y concurrentes.
Mencionó que actualmente se evidencia una gran cantidad de observaciones de glosas que existen por parte de la Contraloría a las diferentes direcciones o entidades seccionales. Estas surgen, en muchos casos, por errores de los propios auditores en el momento de elaborar los correspondientes informes. Por tanto, es fundamental caminar en la línea de la simplificación de los trámites, agregó.
Argumentó que los auditores tienen solamente responsabilidad solidaria en el control posterior de los informes. El objetivo de la iniciativa es establecer un sistema eficiente de vigilancia de los recursos públicos, otorgándoles a los auditores internos responsabilidades solidarias por acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones, lo que permitirá mejorar el desarrollo de este tipo de exámenes, aseguró.
Tribunal de Cuentas
El Contralor, Pablo Celi consideró innecesario el proyecto de Tribunal de Cuentas atinentes a las figuras de caducidad e imprescriptibilidad, más aún cuando están claramente definidas en la Constitución y la ley.
Expresó que el momento para analizar es en el término de 180 días, que se encuentra definido para la conclusión de los exámenes de la Contraloría ante acciones delictivas contra el interés público y el Estado, el cual carece de fundamento técnico. Citó el caso de la indagación de declaraciones patrimoniales juramentadas, que requiere de un proceso de sustentación documental, cumplimiento del debido proceso y que las entidades del sistema financiero entreguen la información respectiva.
MG/ea
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