En su afán de continuar con el análisis de las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales escuchará mañana, a partir de las 10:30, las propuestas de la asambleísta Esther Cuesta, entre ellas: incluir las definiciones de refugiado, refugiado sur place, trata de personas y tráfico ilícito de personas e implementar un artículo por el cual establezca que la rectoría para la prevención de trata de personas y protección a la víctima, será la autoridad de derechos humanos.
También, comparecerá el viceministro de Movilidad Humana, Carlos Velasteguí, quien expondrá sus criterios y objetivos respecto a la normativa.
En días pasados, para tratar el tema, acudió ante la mesa legislativa, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ahí expuso que el propósito del Ejecutivo en torno a esta Ley es que los procesos migratorios sean ordenados y controlados.
Subrayó que el Gobierno plantea establecer causales de inadmisión de personas que cometan infracciones o intenten ingresar al país por pasos ilegales e implantar un procedimiento de deportación que sea menos “engorroso” que el vigente.
Acuerdo de Escazú
La Comisión, también, conocerá el Acuerdo de Escazú, que tiene como propósito garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y El Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en proceso de toma de decisiones y justicia ambiental.
Fernando Flores, presidente de la Comisión, indicó que el convenio será analizado en la mesa sin ideologías ni fines partidistas. Además, se comprometió a elaborar el informe para su aprobación, en el Pleno del Parlamento, antes de que culmine este año.
Ecuador fue uno de los primeros países en suscribir el Convenio, el 27 de febrero de 2018, junto con 13 países de la región. El pasado 26 de febrero, la Corte Constitucional dictaminó acerca de la necesidad de su aprobación legislativa, previa su ratificación presidencial.
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