Por unanimidad, la Comisión del Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. La norma busca impulsar estas actividades como base del desarrollo productivo del Ecuador, a través de la participación activa de los actores públicos y privados.
Con la iniciativa se crea un marco interinstitucional que permitirá definir una política de Estado que fomente estas actividades; facilite la creación, operación y cierre de emprendimientos; y fomente la competitividad. Además, que fortalezca la interacción entre los sistemas educativo y productivo e impulse la innovación en el desarrollo productivo.
Regula la creación, funcionamiento y atribuciones del Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación; de la Secretaría Técnica y de la Estrategia Nacional en esta materia.
En cuanto al fomento, establece la creación del Registro Nacional de Emprendimiento y una política de promoción comercial de a nivel internacional, a través del ente rector de Comercio Exterior.
También busca que se promueva una formación teórica y práctica, a fin de que el estudiante mejore sus actitudes, aptitudes y destrezas que le permitan emprender con éxito iniciativas productivas. El Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Superior velarán para que se establezcan mallas curriculares que incluyan este tema.
De este modo, las instituciones de educación superior deberán determinar como alternativa a los trabajos de titulación el desarrollo de planes de negocios, dependiendo de la carrera. Deberán promover, además, espacios para la promoción de los proyectos.
Para solucionar la falta de financiamiento, el proyecto propone fuentes alternativas y de garantías. Considera el acceso preferente a los servicios financieros y a los fondos de inversión públicos, a través capital semilla, capital de riegos e inversión ángel. Incluye la posibilidad de colocar activos intangibles (calificación y registro) como garantía para las operaciones de crédito, que estarían respaldadas por el Fondo Nacional de Garantías.
De igual forma, regula los fondos colaborativos o crowdfunding, sobre el control, requisitos, clasificación de las plataformas, servicios, comisiones, obligaciones y prohibiciones, entre otros elementos.
El proyecto incorpora un capítulo sobre condiciones laborales. Faculta al ente rector en materia de trabajo la creación de un régimen especial de contratación del personal para emprendimientos, con el objetivo de incentivar la generación y formalización del empleo. En cualquier modalidad se deberá cumplir con derechos adquiridos como la seguridad social.
LILA/ea
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