La Comisión de Derechos Colectivos continuó con el análisis de los aportes al artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación. Para el efecto, recibió las exposiciones de Gissela Dávila, directora del Centro de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal), y de Hernán Reyes, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad Central del Ecuador.
La Comisión que trata la reforma a este articulado de la Ley de Comunicación contó con los aportes que permitirán aclararlo, en lo que respecta al concepto de Medios de Comunicación. Para la directora de Ciespal, la reforma debe aclarar, en primer lugar, el término “prestación de servicios de comunicación”, porque podría presentar una confusión al momento de definir el ámbito de competencia de un medio de comunicación social, para ello planteó la observación de que se elimine este término.
Así mismo, comentó que se debe incorporar un inciso en este artículo para aclarar la diferencia entre medio de comunicación y frecuencias concesionadas por el Estado. Según la experta, se correría el riesgo de que sea catalogada como medio de comunicación a las frecuencias, lo cual generaría confusión en la aplicación de la norma. Sugirió que, al no existir otro artículo que defina qué es o a qué ámbitos corresponde lo que se conoce como frecuencia radioeléctrica, estos conceptos sean incorporados en el artículo o que se añada uno nuevo con la observación planteada.
Por su parte, Hernán Reyes manifestó que para efectos de esta ley, es importante generar mecanismos de regulación, los mismos que fueron retirados en las reformas anteriores. Sobre su propuesta, señaló que no existe concordancia entre lo que establece la ley sobre servicio público de comunicación y lo que reza en la Constitución. Para el efecto, planteó que la salida sería establecer como medios de comunicación al servicio de la sociedad. “No importa que sean públicos, privados o comunitarios, lo que debemos destacar es que sea un servicio al ciudadano, al público y con ello nos referimos a audiencias, audioescuchas y lectores”, dijo.
Sobre la disyuntiva entre el término comunicación como servicio y derecho, dijo que estas guardan similitud. Cuando se habla de empresas de comunicación, estas brindan un servicio y este puede ser bien o mal prestado, lo que se hace con la Ley de Comunicación es regular la calidad de ese servicio, explicó. El catedrático también destacó la necesidad de diferenciar el término comunicación, de información, para efectos de la ley, más allá de los enfoques conceptuales o de los términos, esto con el objetivo de lograr una mejor aplicación de la ley.
Finalmente, los legisladores de la mesa agradecieron los aportes de los expertos, a quienes les preguntaron sus criterios en relación a otras temáticas como la autoregulación de los medios de comunicación, regulación de contenidos informativos en redes sociales, roles del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información (Cordicom), y el rol de los medios de comunicación en el marco de las protestas de octubre de 2019.
Por su parte, Jaime Olivo, presidente de este organismo Parlamentario, insistió en que los aportes son valiosos en la construcción de las reformas y que estas sean las más óptimas en el marco de entregar una normativa eficiente.
EA/cz
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