Más criterios recibió la Comisión del Desarrollo Económico, respecto del proyecto de Ley de Fomento de Movilidad Sostenible y Desarrollo de la Electromovilidad. Juan Carlos Aguirre, gerente general de la Empresa Municipal de Movilidad del Cantón Cuenca (Emov), resaltó la importancia de robustecer estas prácticas alternativas, pero, para enriquecer la propuesta, precisó que hace falta incluir algunos conceptos.
Indicó que la norma no hace alusión al uso de vehículos no motorizados, como la bicicleta, ni a los peatones. Explicó que en Cuenca existen 17.500 usuarios de este transporte y que la Empresa de Movilidad Municipal cuenta con una flota de 50 bicicletas eléctricas, pero, que no tienen ninguna regulación formal.
Aguirre ve con buenos ojos que para la ampliación del parque automotor eléctrico se determine como incentivos la dotación de estacionamientos públicos gratuitos. Señaló que su ciudad ya ha tomado algunas iniciativas, como la inauguración de electrolineras, distribuidas geográficamente, con la capacidad de cargar a 115 vehículos eléctricos. Pero, aclaró que, según las estadísticas, no circulan más de 20.
Su criterio es que el transporte público debe migrar a este tipo de movilidad y que los fondos que subsidian a este tipo de transporte deben ir a una empresa pública y no a negocios privados. Sostuvo que en Cuenca se subsidia un centavo de dólar por cada pasaje completo, lo que significa 1,6 millones de dólares anuales.
Esta ciudad, según el funcionario, tiene el mayor índice de uso de transporte público. Dijo que el 70 % de ciudadanía lo utiliza, a través de 475 buses, que dan cobertura a 36 parroquias del cantón. Explicó que las unidades no cobran por el número de pasajeros, sino según el kilómetro de recorrido.
También cree que la solución no está en crear más infraestructura, sino mejorar los accesos para el transporte público. Además, que se debe promover la movilidad compartida. El representante de la Emov está de acuerdo con que se cree una Agencia de Movilidad Sostenible, a fin de que ejerza la rectoría de esta materia, cuyas funciones no difieren con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Lo que sí le preocupa es la propuesta de aplicar 15 % por infracciones de tránsito para generar un Fondo de Gestión de Movilidad. Dijo que esta medida afectaría a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
De acuerdo con Aguirre, la ciudad austral cuenta con 600 mil habitantes y la tasa decrecimiento es del 1 % anual, mientras que el índice vehicular es del del 5 %, lo que hace que las autoridades se vean abocadas a problemáticas complejas de resolver.
LILA/ea
