Bajo protesta, la Comisión de Justicia acogió el dictamen de la Corte Constitucional sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad al proyecto de Ley Orgánica del Registro Ecuatoriano de Violadores, Agresores y Abusadores de Niños, Niñas y Adolescentes (Revaas) y aprobó el correspondiente informe no vinculante.
El documento contó con el voto favorable de nueve parlamentarios Ximena Peña, Kharla Chávez, Karla Cadena, Henry Cucalón, Lourdes Cuesta, Elio Peña, Felipe Bonilla, Marcela Cevallos y Franklin Samaniego, quienes coincidieron que provoca indignación, rechazo, vergüenza e inconformidad la posición del Ejecutivo y de la Corte, más aún cuando se antepone el derecho al trabajo al principio del interés superior de la niñez.
En el informe, se argumentó que la Constitución, Declaración del los Derechos del Niño y su Convención, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, entre otros, disponen que los niños son sujetos de protección legal especial, que los Estados deben adoptar medidas legislativas, administrativa, sociales y educativas apropiadas para protegerlos, además de precautelar su integridad física, psíquica y sexual.
La mesa lamentó que esta Ley que buscaba dar seguridad a los padres de familia ante los aberrantes hechos conocidos públicamente y que han conmocionado a la sociedad, que se dieron en colegios, escuelas, gimnasios, iglesias y lugares similares en los que se suponía que los niños, las niñas y adolescentes debían sentirse seguros, deba ser archivada.
Resaltó que será un reto, desde el ámbito legislativo, encontrar mecanismos para enfrentar las dramáticas realidades de vulneración a la que se encuentran expuestos los niños, por lo que exhortó al Ejecutivo que presente una propuesta alternativa.
La asambleísta Lourdes Cuesta, autora del proyecto, expresó que es increíble lo sucedido, pues la Corte le da la razón al Presidente de la República en el sentido de que los derechos de los violadores están sobre los derechos de los niños, bajo la motivación que el pasado judicial no puede ser motivo de discriminación.
Aquí estamos diferenciando lo que significa un grupo peligroso de delincuentes frente a un grupo que toda la legislación nacional e internacional le garantiza como de alta protección por su interés superior, dijo, al hablar de la posibilidad de analizar la implementación de una reforma constitucional que haga realidad la aplicación del registro de violadores.
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