En el marco de la sesión 644, el Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de enmienda al artículo 272 de la Constitución, por el cual se incluiría un cuarto numeral como criterio para la distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados, el mismo cuenta con dictamen favorable de procedimiento de la Corte Constitucional.
Al inicio de esta sesión, la asambleísta Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Comisión Ocasional que trata las enmiendas, explicó el trabajo que cumplió dentro del plazo de 30 días que otorgó el Pleno para estudiar las propuestas y emitir los correspondientes informes para primer debate.
En el caso de este primer proyecto, auspiciado por la asambleísta Jeannine Cruz Vaca, el objetivo es incluir como criterio para la distribución de los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados, para el caso del nivel provincial, el número de kilómetros existentes y proyectados de vías rurales correspondientes al territorio y jurisdicción provincial.
De su lado, Jeannine Cruz, ponente del informe, aseguró que esta enmienda busca hacer justicia con los gobiernos provinciales, sobre todo con el sector rural que representa seis millones de ecuatorianos, de los cuales, cuatro millones están en los niveles de pobreza y pobreza extrema, puesto que no pueden acceder de manera oportuna a educación, salud, ni siquiera a la atención de su principales necesidades.
Comisión general
Los legisladores escucharon, en comisión general, a Rafael Dávila Egüez, prefecto de Loja y a Edwin Miño, director Ejecutivo del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope). Dávila indicó que la actual distribución de recursos perjudica, principalmente a las provincias más pequeñas del país, considerando que la primera obligación que tienen estas instancias de gobierno, de conformidad con la ley es la atención de la red vial rural.
Añadió que la enmienda permitirá que las corporaciones provinciales puedan atender a las poblaciones rurales de manera oportuna. Además, dijo, si este cambio se aprueba será después de un año y, luego, corresponderá reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Por último, deberá reformarse lo atinente a los parámetros que debe considerar el Consejo Nacional de Competencias.
De su lado, Edwin Miño, indicó que la red vial provincial es de 72.232 kilómetros, el 60 % de esta, es decir 45.000 kilómetros, es de lastre. Solo para subir este porcentaje al segundo nivel, se requiere de 5.816 millones de dólares y esa es una parte de la deuda que tiene el Estado con el sector rural del país. Por ello, la enmienda permitiría que, paulatinamente, las zonas rurales alcancen un adecuado margen de desarrollo.
Debate
En el debate de esta enmienda intervinieron 10 legisladores, incluidas Elizabeth Cabezas y Jeannine Cruz. Las posturas fueron, en su mayoría, favorables al cambio propuesto. Sin embargo, hubo voces que alertaron una posible disminución de asignaciones para los gobiernos cantonales y parroquiales, en caso de dar paso a esta enmienda.
Dijeron que dar más a uno (gobierno provincial) significa restar a otro y eso no sería adecuado. Además, afirmaron que las normas constitucionales, así como las del Cootad ya amplían los criterios para la entrega de recursos, como por ejemplo, las necesidades básicas insatisfechas, la vialidad es una de ellas, y los parámetros de eficiencia en el manejo de los presupuestos por parte de los gobiernos autónomos descentralizados.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 441, numeral 2 de la Constitución, el segundo debate se realizará, de modo impostergable, en los treinta días siguientes al año de realizado el primero.
EG/cz
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