El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de enmienda constitucional por la cual se busca limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y devolver a la Legislatura la atribución de nombrar las autoridades de control.
La propuesta de enmienda añade al artículo 120 de la Constitución los siguientes numerales, e inciso final a continuación del numeral 13: 14. Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por el Presidente de la República; 15. Designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley; 16. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en la Ley; Posesionar a los miembros de la Corte Constitucional designados conforme lo previsto en la Constitución y la Ley.
La designación y destitución de las autoridades contempladas en los numerales 14, 15 y 16 se realizará con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Se garantizarán condiciones de equidad y paridad entre mujeres y hombres, la igualdad de condiciones para la participación de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, así como los principios de independencia, transparencia, meritocracia, probidad, integridad e idoneidad, impugnación y veeduría ciudadana.
También se reforma el texto del Art. 179, incisos 2 y 3, por los cuales se establece que los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por la Asamblea Nacional a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de impugnación a los candidatos; y, que el procedimiento, plazos y demás elementos serán determinados en la Ley.
En el debate intervinieron 13 asambleístas de distintas tendencias políticas, quienes destacaron la necesidad de generar mecanismos transparentes para la designación de autoridades, debido a que desde la existencia del CPCCS se produjo una concentración de poder en manos del Ejecutivo. Mientras, lo propuesto desde Montecristi era el empoderamiento de la ciudadanía, tanto de la participación activa en la vida política, cuanto de la conformación de las entidades de control.
Desde otra óptica, hubo legisladores que defendieron la permanencia del CPCCS, más cuando se cambió la nominación de consejeros, vía elección popular. Por el contrario, otros asambleístas se mostraron partidarios de la eliminación de esta instancia estatal, a través de un proceso de reforma por iniciativa ciudadana.
El segundo debate de este proyecto de enmienda se realizará, de modo impostergable, en los treinta días siguientes al año de realizado el primero, conforme lo previsto en el Art. 441, numeral 2 de la Constitución.
EG/cz
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