La Comisión del Derecho a la Salud inició sus actividades del 2020 con el tratamiento del proyecto que Reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades. Varios actores presentaron sus propuestas y observaciones. Por parte del ministerio de Educación, acudieron el viceministro de Gestión Educativa, Vinicio Baquero y Lorena Salazar, Directora Nacional de Educación Especializada e Inclusiva.
Los funcionarios plantearon que, para la calificación de la discapacidad, es importante que se tome en cuenta que el Ecuador ha pasado de tener un modelo médico de atención a la discapacidad, para fomentar un modelo de atención con enfoque de derechos humanos que permite reconocer la diversidad en la condición de las personas con discapacidad, y su derecho a tener calidad de vida.
Bajo este contexto, Lorena Salazar manifestó la necesidad de eliminar barreras sociales y físicas que históricamente han dificultado su legítimo derecho a la participación en la sociedad. Es así como, las políticas educativas que al momento se ejecutan, responden a un modelo de atención que se centra en la dignidad y respeto a las personas en su calidad de sujetos de derechos, y no basada en sus deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.
Asimismo, se sugirió que el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades incorpore como beneficiarios de la ejecución del programa de educación, formación y desarrollo progresivo en atención a la discapacidad a todos los miembros de la comunidad educativa, entendida en sí mismo como un tejido social que sostiene procesos efectivos de inclusión, y no únicamente a los docentes.
Además, puso en conocimiento que desde el Ministerio de Educación se garantiza la inclusión educativa en las distintas ofertas (ordinarias y extraordinarias) y servicios educativos, mediante la implementación progresiva de programas, proyectos y herramientas en los planteles educativos.
La funcionaria, previo a dar sus observaciones, explicó el trabajo que despliegan a favor de las personas con discapacidad. Sostuvo que actualmente orientan esfuerzos para el diseño, monitoreo y fortalecimiento de programas de apoyo a instituciones inclusivas que atienden a estudiantes con discapacidad. Es decir, diseñan herramientas que aseguren la inclusión y atención adecuada a la población en edad escolar con necesidades educativas especiales, encaminadas a la implementación de un modelo de atención educativa que sea flexible, versátil y abierto y que permita identificar a tiempo las necesidades y potenciar las capacidades y recursos en favor de este grupo poblacional.
Lorena Salazar evidenció las cifras de estudiantes con discapacidad que actualmente se encuentran en el sistema de educación, público y privado por sostenimiento. Bajo este contexto señaló que existen: en educación especializada: 9.223; educación ordinaria: 35.239; educación para personas con escolaridad inconclusa 1.647 total: 46.109.
Pasajes aéreos para personas con discapacidad
Por su lado, el director General de Aviación Civil, Anyelo Acosta Arroyo, tras hablar de la misión institucional, se presentó contrario respecto con la posibilidad de establecer un 50 % de descuento sobre el precio total adicional al que ya existe actualmente de la tarifa preferencial que tienen los residentes permanentes y no permanentes en Galápagos, incluidos impuestos y tasas.
Afirmó que la Dirección General de Aviación Civil no puede referirse a la misma, toda vez que conforme a lo expuesto, las tarifas tienen componentes que son de competencia de otras instituciones (concesionarias, aeroportuarias, Servicio de Rentas Internas, SRI, entre otras).
Sin embargo, señaló que actualmente existen beneficios aplicables a personas residentes permanentes y temporales de Galápagos con discapacidad. Dijo que la Dirección General de Aviación Civil colaborará dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que los usuarios reflejen los descuentos aplicados.
Con este criterio coincidió la directora Ejecutiva de la Asociación de Líneas Aéreas en el Ecuador (Arlae), Patricia Miño, quien cree que no es necesario hacer ninguna reforma, argumentando que actualmente se está cumpliendo estrictamente la norma en función de lo que establecen la Ley Especial de Galápagos y la Ley de Discapacidades.
Tras explicar que existe una tarifa plana de 198 dólares establecida hace varios años por el Consejo Nacional de Aviación Civil, que se dispuso en función de ese 50 %. Sostuvo que esta tarifa plana de 198 dólares es mucho más conveniente, que tomar un pasaje normal y darle el 50 % de descuento.
Acceso a la información
En otro aspecto, dijo estar de acuerdo con las facilidades para las personas con discapacidad a través de plataformas digitales. Sin embargo, considera que se les debe dar acceso a la información a las líneas aéreas, a través de la plataforma del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), o cualquier otra fuente segura, para no requerir de los pasajeros, en momentos de emergencia, su carnet de acreditación.
Miño reiteró que actualmente no tienen acceso a la información, por ello, es importante que el pasajero siempre cuente con su carnet que acredita la discapacidad, para que pueda contar con el beneficio que le asiste.
RSA/cz
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