El presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, y el Defensor Público, Ángel Torres, acudieron ante el Pleno de la Asamblea Nacional a rendir su informe de labores, conforme lo establece el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
“Servir con eficacia, actuar con transparencia y rendir cuentas a la ciudadanía son las principales obligaciones a la que estamos llamados los funcionarios públicos”, así inició su discurso el Defensor Público, quien informó que durante 2019 la Defensoría atendió 278 349 solicitudes ciudadanas, relacionadas con patrocinio, asesoría y mediaciones.
También habló de dos unidades móviles que atienden a la ciudadanía en distintos lugares del país, recalcó que su tarea se complementa con el apoyo de 66 consultorios jurídicos gratuitos en convenio con universidades y organismos seccionales. Apuntó que un tema prioritario para la Defensoría es la atención a víctimas de violencia de género e intrafamiliar.
Al mismo tiempo, destacó que la Defensoría requiere una nueva norma, por lo tanto, indicó que en septiembre de 2019 presentó el proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública, el cual se tramita en la Comisión de Justicia.
Al finalizar mencionó que la institución cuenta con 733 defensores, pero la necesidad es de 876. También dijo que falta infraestructura, sin embargo, gracias a la realización de convenios se pudo atender a los usuarios y cumplir con su labor. Mencionó que los 33 millones de dólares asignados es insuficiente para cumplir con las demandas ciudadanas.
Tribunal Contencioso
De su parte, Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, resaltó que en 2019 la institución atendió recursos ordinarios de apelación, asuntos de litigio internos de organizaciones políticas, infracciones electorales y recursos extraordinarios de revisión y nulidad.
Puntualizó que el año pasado ingresaron al Tribunal 965 causas, de esa cifra, 659 correspondieron a infracciones por gasto electoral. Señaló que el organismo conoció y resolvió 901, es decir el 93.4 %, aseveró que aún quedan pendientes 64 causas ingresadas en diciembre pasado.
Resaltó que las provincias que presentaron mayor cantidad de denuncias por gasto electoral fueron: Manabí, 21 %; Cotopaxi, 16 %; Los Ríos y Guayas, 12 %.
En otro tema, indicó que el Tribunal asumió como reto la elaboración y mantenimiento de la Gaceta de Jurisdicción Contencioso Electoral. Además, recordó que la institución ha realizado tareas de capacitación y socialización a nivel nacional e internacional.
Uno de los inconvenientes que planteó, al finalizar su exposición fue la reducción de presupuesto para este año.
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