La Comisión de los Derechos de los Trabajadores profundizó en la fiscalización de la posible cesación de funcionarios/trabajadores de diferentes entidades del sector público, especialmente, del Sistema de Salud Pública. En comisión general recibieron al ministro de Trabajo, Andrés Madero, quien subrayó que no hay ninguna disposición de eliminar puestos, ni servicios a la ciudadanía en ninguna de las instituciones del Estado, menos aún en salud, educación y seguridad.
Según el Ministro, es responsabilidad de cada una de las autoridades precautelar que se mantenga la calidad y la prestación de los servicios en favor de la ciudadanía. Cualquier proceso de optimización del Estado, basado en la austeridad, será en función de asegurar los servicios en cantidad y calidad en favor de los ecuatorianos, enfatizó.
El Ministerio de Trabajo no es competente para vincular o desvincular a los servidores públicos de otras instituciones del Estado, es cada una de ellas la que realiza las gestiones dentro de su autonomía administrativa, cumpliendo con los procesos y la ley, precisó.
Cada institución y su administración de talento humano envía las necesidades institucionales, entre otras: reclasificación de puestos, optimización de manual de puestos, modificación en el estatuto orgánico de procesos, ingreso de personal. Andrés Madero aseguró que el Ministerio de Trabajo únicamente realiza la validación de la necesidad institucional.
Referente al grupo de personas que reclaman reclasificación en sus puestos, el Ministro informó que están haciendo las debidas coordinaciones para que este tema se analice por un grupo especializado, de manera coordinada con los ministerios de Salud y Finanzas, siempre precautelando los intereses y los recursos de los ecuatorianos.
En este contexto, Olga Nuñez, subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, sostuvo que al Ministerio de Salud le corresponde solucionar, al interior de su estructura administrativa, la optimización del talento humano. Una vez concluidos esos procesos, se analizará y en base a ello existirá un pronunciamiento, concluyó.
En tanto, Washington Muñoz, representante nacional de los funcionarios administrativos del Ministerio de Salud Pública, pidió la aplicación de manual de puestos para reclasificación en beneficios de sus escalas salariales que por más de 15 años no se han revisado y que perjudica a alrededor de 2.000 servidores públicos de esa Cartera de Estado. Requirió el aval presupuestario de parte del Ministerio de Finanzas y su aplicación con las nuevas remuneraciones.
RSA/cz
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