La Comisión de Participación Ciudadana, presidida por el asambleísta Raúl Tello, recibió a Roberto Passailaigue, rector presidente de la Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil, quien explicó las acciones generadas para el pago de liquidaciones de las bonificaciones complementarias a los jubilados de esa institución de educación superior.
Passailaigue señaló que siempre existió la decisión de encontrar solución a los problemas, entre ellos los pagos a los jubilados de este centro de estudios superiores. La Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil encontró temas no resueltos desde hace 20 años, afirmó. Respecto a su comparecencia, indicó que todas las acciones han estado encaminadas a cumplir con las sentencias constitucionales y dictamen referente a los procesos de reparación económica.
“La Universidad no discute los pagos pues existe una orden constitucional; únicamente esperamos que se asignen los recursos correspondientes. Actualmente reportamos cada dos meses sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de este mandato”, aseguró Passailaigue.
De su lado, en representación de los jubilados la Universidad de Guayaquil, Marcelo Moncayo, señaló que la Universidad no está dando cumplimiento a la orden constitucional. Las acciones por parte de la institución superior han sido maniobras para retardar los pagos, informó.
Terminadas las intervenciones, el asambleísta Raúl Tello mocionó que se notifique al Consejo de Educación Superior (CES) sobre la actuación del interventor de la Universidad de Guayaquil, ante la Comisión y respecto al cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional sobre el pago a jubilados. Con seis votos favorables se aprobó la moción.
De su lado, el legislador Pabel Muñoz presentó la moción para que se cree una subcomisión, que de manera inmediata procese las versiones de las partes, respecto a lo expuesto en el seno de la Comisión, misma que fue aprobada con siete votos.
Finalmente, la mesa legislativa aprobó la moción del asambleísta Ronny Aleaga, para que el Pleno del CES, de manera urgente, informe a la Comisión de Participación Ciudadana, sobre las acciones realizadas o planteadas por evidente incumplimiento a una disposición de la Corte Constitucional. Adicionalmente, informará si se ha presentado una acción de incumplimiento.
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