La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, que preside Alberto Zambrano, a través de una subcomisión hará el control político del cumplimiento de la Ley Orgánica para la Planificación de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, en cuanto a la recaudación y distribución de los recursos destinados al Fondo Común, que principalmente se asignan a los gobiernos autónomos descentralizados de esa jurisdicción.
Este miércoles, los comisionados recibieron a Verónica Artola, gerente el Banco Central; a delegados de los ministerios de Finanzas, Energía y Recursos no Renovables, de Petroecuador; a Álex Hurtado, presidente del Consejo de Planificación. y a Julia Landázuri, secretaria Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, quienes refirieron cuáles son los resultados de la aplicación de esta normativa, sobre todo en el ámbito económico.
La gerente del Banco Central informó que en 2018 se transfirieron 188 millones de dólares para el Fondo Amazónico, mientras en 2019 el monto alcanzó los 251 millones de dólares, de los cuales 52 millones de dólares fueron a los gobiernos autónomos de Morona Santiago, 49 millones para Sucumbíos, 36 millones para Orellana, 36 millones para Zamora, 33 millones para Napo, 27 millones para Pastaza, tres millones para Chimborazo y un millón de dólares para Tungurahua. Además, se entregaron 9.9 millones para la Secretaría Técnica.
Artola explicó que el Banco Central entrega los recursos que ingresan a la cuenta hasta el 10 de cada mes, no le corresponde establecer el monto ni equiparar los recursos con el total de barriles de petróleo comercializados, únicamente realizar la respectiva transferencia.
Mientras, Mauricio Falcón, delegado del ministerio de Finanzas, subrayó que esta cartera de Estado no tiene ningún instrumento de aprobación previa o de filtro para la entrega de los recursos que corresponden al Fondo Amazónico, de manera que no se puede pretender que el Ministerio haya entregado solo una parte de los valores asignados. El crudo se extrae, se factura y la entrega de recursos demora entre 30 y 90 días correspondientes a la recaudación del valor de la venta, añadió.
De su lado, Sebastián Meneses, representante de Petroamazonas, aseguró que la entidad solo tiene responsabilidad respecto del crudo que extrae la estatal, de lo que ocurra con la comercialización de las empresas privadas se encarga el ente rector de hidrocarburos. Dijo que en 2018 la producción alcanzó los 148 millones de barriles; en 2019, 153 millones de barriles; y, en 2020 se proyecta una producción de 161 millones de barriles, solo en lo que atañe a la empresa pública.
Entre tanto, el viceministro de Energía no Renovable, Francisco Rendón, aseveró que en los últimos años hubo una caída importante en la producción de las empresas privadas por el orden del 36 %, a lo cual se suma una caída por 102 millones de dólares en octubre de 2019, lo cual explica que el incremento de los fondos para la Amazonía aún no responde a las expectativas.
Ya en materia de planificación, Álex Hurtado, presidente del Consejo, detalló cuáles han sido las actividades cumplidas por este cuerpo colegiado, respecto de la aprobación de los proyectos priorizados por la Secretaría Técnica, así como los parámetros para hacer efectivo el financiamiento de las propuestas presentadas por los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía, particularmente en materias de fomento productivo, tratamiento de aguas residuales, eliminación de residuos sólidos.
Por último, Julia Landázuri, titular de la Secretaria Técnica, explicó los problemas que tuvo que enfrentar, tratándose de una entidad nueva, que no pertenece al Ejecutivo, que es autónoma pero que, sin embargo, tiene que ajustarse a todos los requerimientos burocráticos para cumplir con su labor. Citó como ejemplo que para 2019 el presupuesto que le asignó el Ministerio de Finanzas fue de 16 millones de dólares, pero únicamente se le entregó nueve millones 936 mil dólares.
Respecto del manejo del Fondo Común, indicó que en 2019 este alcanzó los 56 millones de dólares provenientes de las regalías de los proyectos de explotación minera, que se recibe dos veces al año (en mayo y septiembre), de las utilidades de las empresas que realizan actividades extractivas (abril); anticipo de regalías, una vez por año; y, superávit de las empresas, que también se recibe una vez al año.
Luis Lluglla, representante de los gobiernos provinciales amazónicos, dijo que entienden los procesos que anteceden a la entrega de los recursos para el Fondo Amazónico, pero no es posible que tengan retrasos por seis meses. Por ello, lo que se exige es que las autoridades transparenten la información para saber a ciencia cierta el valor de los recursos que pertenecen, se han entregado y se adeudan a las provincias amazónicas.
De su lado, el presidente de la Mesa, Alberto Zambrano, pidió que se respeten los derechos de los amazónicos y que las autoridades no trasladen responsabilidades unos a otros, de manera que se entreguen los recursos a la Amazonía de forma transparente y oportuna, a fin de solucionar las múltiples necesidades de esta importante región del país.
EG/cz
Más fotografías:
