Se debe proteger los derechos de los trabajadores, regular la modalidad del teletrabajo, sin que ello conlleve explotación laboral, pero también poner una mirada hacia los sectores autónomos a quienes se les debe ayudar para que puedan mantener a sus familias, lo cual demanda la intervención del Estado, señalaron Heidy Balanda y Adoración Guamán, expertas internacionales en materia laboral, de Colombia y España, respectivamente.
Las panelistas compartieron sus experiencias sobre teletrabajo frente a la pandemia del Covid-19, ante el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Con los temas expuestos los parlamentarios elaborarán un proyecto de resolución que permita a la Asamblea Nacional, a la Comisión de los Trabajadores, así como al Ejecutivo, tener lineamientos que deben tomarse en cuenta para generar una normativa orientada a proteger no solo a la clase laboral, sino a pensionistas y a todo el tejido social.
Experiencias
Heidy Balanda señaló que desde hace dos años en Colombia se generó una propuesta del teletrabajo que inició con errores pero que poco a poco ha logrado aciertos con reglas claras en torno al teletrabajo con tres principios: voluntariedad, reversividad y telegarantía jurídica, donde no se puede reducir derechos sino garantizarlos, donde se mantenga el pago de la seguridad social, la recompensa al teletrabajador por uso de energía por parte del empleador.
Se refirió a la serie de responsabilidades que debe existir en esta modalidad de trabajo, entre ellas la determinación de una jornada laboral para que no se abuse del tiempo del trabajador; establecer riesgos de seguridad en teletrabajo donde un inspector valide que el espacio donde ejecute su labor sea el adecuado y ello informar al Ministerio de Trabajo.
Uno de los aspectos que aún no se ha logrado resolver en Colombia es la determinación de política pública, pues al momento solo tienen líneas de política con seguridad jurídica, donde se establecen guías para el teletrabajo. Se espera modificar la Ley de Trabajo para insertar la política pública tomando en cuenta la flexibilización de la adopción del teletrabajo, pero sin negociar los derechos que tienen todos los trabajadores, indicó Heidy Balanda.
No es lo mismo el trabajo en casa que el teletrabajo que utiliza las TIC, se establece la autodisciplina laboral donde lo esencial es trabajar por metas, pero a su vez el compromiso entre el empleador y el empleado.En este marco, mencionó que se debe definir qué es el teletrabajo y dejar en claro sus modalidades que tienen responsabilidades diferentes. No se puede permitir que las jornadas sean desde las 08h00 hasta pasadas las 20h00, esto es deshumanizante, precisó.
De su lado, Adoración Guamán señaló que el teletrabajo es una medida que deben asumir los Estados frente a la catástrofe sanitaria. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su estudio menciona la importante escalada de despidos. Frente a esta situación debe haber una responsabilidad de las entidades públicas y privadas para asegurar la vida de todo el tejido laboral que implica mantener sus puestos de trabajo.
Tomó como ejemplo lo que hace Bélgica, que para apoyar a los trabajadores frente a la pandemia sanitaria, el Estado a través de la institución de seguridad social pasa a cobrar por prestación de desempleo el 70% del sueldo y el empleador complementa el mismo, es decir se concede una prestación. Lo importante es que no se produzca los despidos, agregó.
Además, el Estado debe proteger a los trabajadores autónomos, empleadas de hogar, personas con contrato temporal, que no tienen derecho al pago de desempleo. El mecanismo sería la protección universal con una renta básica que reconozca un mínimo de sueldo al año para que pueda sobrevivir, para ello el Estado debe inyectar dinero.
En estos momentos la caja de seguridad social juega un papel importante ya que se generaría una nueva modalidad de suspensión de trabajo con pagos y una protección universal para los subempleos y desempleos y en este segmento se debe tomar en cuenta a los trabajadores del agro, precisó.
Adoración Guamán señaló que existe una propuesta acertada del Centro de Derechos Económicos del Ecuador y de organizaciones sociales que se basa en tres puntos fundamentales: un seguro por conmoción interna a trabajadores donde se pague el 75% del sueldo y el 25% los empresarios; la afiliación al sector campesino así como de sectores autónomos o microtrabajadores, con la intervención del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Para ello, el Ministerio de Finanzas debe establecer mecanismos de pago. Ecuador tiene que salir de la pandemia sanitaria con una propuesta legislativa que proteja a todos los sectores sociales del país, concluyó.
JLVN/cz
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