Con el propósito de contrarrestar la falta de derechos laborales y sociales de aproximadamente un millón 360 mil ecuatorianos que se encuentran en condición de desempleo y subempleo, el asambleísta Vicente Taiano propone nuevas figuras jurídicas, a través del proyecto de Ley que reforma al Código del Trabajo y a la Ley de Seguridad Social, para implementar nuevas modalidades contractuales.
En sesión virtual de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores que duró cerca de cuatro horas, varios expertos dieron sus puntos de vista sobre la propuesta legal.
Taiano anotó, como elemento fundamental, la regulación de la contratación individual de trabajo y su reestructuración a fin de permitir el equilibrio entre derechos y libertad de contratación. Propone incluir en el Código de Trabajo la modalidad de contratación a plazo fijo, el contrato para emprendedores, además el juvenil con el objetivo de posibilitar mayor acceso al empleo.
Explicó que la contratación a plazo fijo será para la relación de trabajo dependiente aplicable, exclusivamente, para casos de empresas nuevas o para desarrollar nuevos servicios o productos dentro de una empresa existente. Su vigencia tendrá un plazo mínimo de 12 meses y hasta 24 meses. Dijo que si un emprendedor decide reinvertir las utilidades en su negocio, debe comprometerse a no desvincular a los trabajadores que han sido parte del proceso de crecimiento del mismo.
Criterios de expertos
Sobre el tema, Marco Miranda, director legal de Ecuador Libre, tras señalar que la figura de contratación a plazo fijo es importante porque permite la creación de plazas de trabajo, dijo que ésta presenta inconvenientes en los requerimientos para su celebración. Sugirió aplicar una regulación del Teletrabajo aclarando las diferencias entre el denominado trabajo a domicilio que ya está regulado en Código de Trabajo.
Jaime Guerrero Ruíz, experto nacional en metodología de Teletrabajo, subrayó que esta modalidad debe tener procesos claros y priorizar las mediciones de desempeño. Nombró algunas de sus ventajas como la disminución en la contaminación, el ahorro de combustible, de tiempo y espacios.
Dijo que la modalidad requiere un cambio organizacional importante; mantiene los derechos de ejercicio normal del trabajo y aumenta la exigencia de capacitación, además de la no marginación de actividades sociales. Aclaró que no todos podrán teletrabajar por condiciones específicas.
La doctora Elisa Lanas, docente en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Simón Bolívar, compartió su experiencia de investigación sobre la materia, precisó que se deben impulsar leyes sobre la progresión de derechos y no de la regresión de los mismos, sobre todo cuando se habla de trabajadores autónomos. Aplaudió que se recojan los principios de derechos universales y planteó la posibilidad de pensar en una norma específica para el trabajador autónomo.
En representación del directorio de Empleados de la Universidad Andina Simón Bolívar, Fernando Andrade, cree que se debe normar temas como la jornada laboral del teletrabajo, remuneraciones, estabilidad laboral. La jornada de descanso debe ser sagrada y los empleadores deben comprender que sus trabajadores tienen el derecho irrestricto a ella, puntualizó.
Mientras, Rodrigo Salazar, juez de trabajo en la ciudad de Quito, dio su criterio técnico jurídico. Cree que el proyecto es interesante, pero debe existir un trabajo más técnico respecto de lo que constituye el trabajador autónomo independiente para no confundir las figuras. Pide incluir el derecho del trabajador a la desconexión, para que pueda existir un balance entre la vida laboral y personal para obtener los resultados esperados.
Demandas empleados de empresa Recover
En otro orden, los asambleístas recibieron a las extrabajadoras de la empresa Recover, quienes expusieron sus denuncias, tras la desvinculación de 140 personas. La legisladora Marcela Holguín aseguró que pertenecen a grupos vulnerables y que, como ellas, existen otros trabajadores afectados por varias empresas. Sobre el tema, la Comisión pedirá información al Ministerio de Trabajo, conforme a la Ley.
RSA/cz
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