El Pleno de la Asamblea Nacional inició el segundo debate del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19 calificado por el Presidente de la República de urgente en materia económica.
El titular de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, proponente del proyecto señaló que debido a la pandemia miles de trabajadores informales se quedaron sin ingresos, se suscitaron miles de despedidos y el 70 % del sector productivo está parado. Frente a esta realidad mencionó que el Parlamento tiene la oportunidad de dar una respuesta a los ecuatorianos aprobando una ley que alivie la economía de las familias y las empresas, permita la reactivación económica, salve empleos y garantice la atención en salud.
Durante su intervención pidió a los legisladores responsabilidad en el tratamiento de la norma, dijo que el país necesita unidad, desprendimiento y solidaridad. Recalcó que no pude haber espacio para agendas políticas y agradeció los aportes de los asambleístas, sectores productivos, organizaciones sociales, autoridades de Gobierno, y demás actores para la construcción de la ley.
Proyecto
El presidente de la Comisión de Desarrollo hizo un análisis de los cambios propuestos para el segundo informe. Sobre las Contribuciones Temporales y Únicas indicó que el monto mínimo para contribución de los trabajadores sería de 2500 dólares y la colaboración de empresas partiría de los 2.5 millones de dólares. Respecto a las Medidas Solidarias para el Bienestar Social y la Reactivación Productiva, indicó que las universidades deberán incrementar becas en al menos 20 %; se incluyó la reducción del costo de energía eléctrica para el sector productivo y se estableció la fijación de precios para los productos de la canasta básica familiar.
En referencia a la Cuenta Especial de Asistencia Humanitaria e Impulso a la Economía se modificaron los requisitos para miembros de Consejo Consultivo, así como la creación de un fideicomiso público en la Corporación Financiera Nacional para créditos de financiamiento emergente a micro, pequeñas y medianas empresas y los sectores artesanales, agrícolas y ganaderos. En cuanto a las Medidas para Apoyar la Sostenibilidad del Empleo se estableció que los acuerdos serán bilaterales entre empleador y trabajador y que el contrato especial emergente será renovable por un año.
Sobre el Concordato Preventivo Excepcional y Medidas para la Gestión de Obligaciones se mejoró la redacción y la definición de los acuerdos preconcursales, el concurso preventivo y las normas para la junta de acreedores.
Debate
Al iniciar el debate se instó a los asambleístas a buscar una ley que se convierta en una herramienta para subsanar lo urgente: la atención en salud, garantizar la alimentación de los grupos vulnerables y la reactivación productiva. También se dijo que no es momento de hacer política sino de dar soluciones y certezas a los ecuatorianos.
Los parlamentarios coincidieron en que la ley trae beneficios sociales para los ciudadanos, entre ellos: reducción de energía eléctrica a los quintiles más pobres, suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato, no incremento de costos en servicios básicos, facilidades de pago a la seguridad social, créditos productivos para la reactivación económica y la protección del empleo.
Así también, señalaron que, por ahora, las empresas necesitan liquidez para que no quiebren y sean generadoras de fuentes de trabajo. Pidieron también que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, disponga la reducción de las tasas de interés y no solo las revisen como se estipula en la normativa.
Algunos asambleístas cuestionaron los articulados de la norma, hablaron de inconstitucionalidades. Por ejemplo, en la disposición general Décima Primera sobre el pago de deudas tributarias firmes; prelación de créditos, pensiones educativas, acuerdo entre las partes (trabajadores-empleadores); sanción al incumplimiento del acuerdo entre partes; reducción de la jornada laboral; contrato especial emergente. En tal sentido, se propuso la eliminación del Capítulo IV Medidas para Apoyar la Sostenibilidad del Empleo, pues señalaron que los artículos son regresivos en derechos.
También indicaron que no se incluyeron varias de las observaciones realizadas a la norma, tales como prohibición de despidos, emisión adecuada de bonos, incentivos para el comercio, condonación de deudas de servicios básicos para los quintiles 1 y 2, protección a los jubilados, mecanismos de facilitación económica y financiera, aportes de banca privada, eliminación de pensiones vitalicias, emisión de certificados tributarios a la banca y venta de cartera petrolera y eléctrica. Además, manifestaron que no se incorporaron beneficios para los sectores del turismo, transporte y artesanal.
Contribuciones
Durante el debate se propuso eliminar el Capítulo I Contribuciones Temporales y Únicas. Esta iniciativa surgió de diversos legisladores y fue mocionada por el asambleísta Fabricio Villamar. Sin embargo, hubo pronunciamientos en contra de suprimir este capítulo, varios asambleístas indicaron que era necesario que quienes más tienen contribuyan, recalcaron que era el momento de que los ecuatorianos “arrimen el hombro” para afrontar la crisis.
Incluso se mencionó que se podría incorporar una transitoria en que el apoyo de los ciudadanos sea voluntario y que puedan conocer qué cantidad de dinero tiene el fondo y cómo son invertidos esos recursos.
Otras posturas
Los parlamentarios cuestionaron el manejo de la crisis sanitaria y financiera por parte del Gobierno. Así mismo, plantearon nuevamente el juicio político en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez; una causal sería el pago de 1300 millones de la deuda externa en plena emergencia sanitaria.
Otra crítica estuvo dirigida a la corrupción denunciada durante las últimas semanas, respecto a los sobreprecios en mascarillas, fundas para cadáveres, kits alimenticios, señalaron que la cirugía contra la corrupción propuesta por el Presidente de la República, aún no se cumple. Pidieron que la Contraloría y Fiscalía investigue los casos y sancione a los responsables. Así mismo indicaron que la Asamblea cumplirá con su rol fiscalizador y control político para que estos actos no queden impunes.
Además, cuestionaron la intención del Gobierno de retirar recursos que afecten el presupuesto de las instituciones de educación superior.
Plazo
El Ejecutivo entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley el 16 de abril de 2020, por lo tanto, el Legislativo tenía 30 días para el procesamiento de la norma, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, el plazo para remitirlo culmina el sábado 16 de mayo de 2020.
Convocatoria
Los asambleístas se reunirán mañana, a las 11h00, con el fin de continuar con el debate definitivo del proyecto de Ley.
SV/cz
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