Por disposición de la asambleísta Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales que cuenten con Dictamen de Procedimiento de la Corte Constitucional, se convocó a Julio Verdugo y Andrés Martínez, decano y director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, respectivamente, a fin de que den sus observaciones a los proyectos de enmiendas que tramita la mesa ocasional.
Esta actividad está prevista para el viernes 22 de mayo, a partir de las 16h00. Los comisionados y los comparecientes se enlazarán de manera virtual.
Cabe indicar que la Comisión que estudia las propuestas de enmienda y reforma constitucional lleva adelante este proceso, con el fin de escuchar la postura de representantes de la academia, frente a la conformación de una comisión calificadora integrada, entre otros, por tres delegados de las universidades, así como las atribuciones de la Asamblea Nacional para la designación de autoridades de control.
En los proyectos presentados se plantea que la comisión calificadora se encargará de analizar las postulaciones de la primera autoridad de la Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura.
También se propone enmendar el artículo 224 de la Constitución. En este marco, se plantea que los miembros principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral serán designados por la Asamblea Nacional con el voto favorable de la mayoría absoluta, de entre los seleccionados luego de un proceso de selección público de calificación de méritos y oposición, con veeduría ciudadana, contando necesariamente con un proceso de impugnación ciudadana. El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso para su designación serán determinados por la Ley.
Igualmente, enmendar el artículo 236 de la Constitución, por el cual se propone que la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado será designada por la Asamblea Nacional, en un solo debate y, con el voto favorable de la mayoría absoluta, de una terna que enviará la Presidenta o Presidente de la República. La terna se conformará con criterios de especialidad y méritos y estará sujeta a escrutinio público y derecho de impugnación ciudadana. La Procuradora o Procurador deberá reunir los mismos requisitos exigidos para ser miembro de la Corte Constitucional.
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