En la continuación de la sesión del Pleno virtual 607, este jueves 28 de mayo, el Pleno de la Asamblea Nacional inició el segundo debate de la Ley Orgánica Contra el Consumo y Microtráfico de Drogas, procesado en la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio.
Para este segundo y definitivo debate, la Comisión incorporó los aportes de parte de asambleístas, instituciones públicas, privadas y de expertos en materia de prevención y abordaje del consumo de drogas. Estos aportes permitieron afinar el articulado que busca implementar planes y programas de prevención, control de consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización.
En el segundo informe consta que la norma otorga herramientas para que el ente rector de educación a nivel nacional, implemente mecanismos para la detección del microtráfico en las instituciones educativas de los niveles primario y secundario del país, además en los espacios públicos, esto en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales del país.
Por otro lado, el cuerpo normativo define los ejes para la prevención del consumo de drogas, mediante la convivencia social y pacífica; el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, educación, desarrollo, inclusión social y equidad de género. Además se reforman articulados en lo que respecta a la competencia de los GAD, en materia de educación, labor de los medios de comunicación, ejecución de fondos concursables e incautación de bienes.
Comisión General
Después de la lectura del informe, el Pleno de la Legislatura recibió tres comparecencias quienes realizaron sus aportes. El concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Bernardo Abad, primero en intervenir, dijo que esta ley brinda medidas efectivas para el control del expendio de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en el país.
Esta ley fortalece las funciones y responsabilidades del GAD municipal y promueve la seguridad integral y la convivencia pacífica, dijo al calificarla d positiva porque los GAD tendrían la posibilidad de generar política pública de prevención, en el marco de la desconcentración, favoreciendo a la prevención integral descentralizada.
Para Gustavo Valencia, del Centro de Tratamiento “12 Pasos”, dijo que el país está perdiendo la batalla contra las drogas. En el país existen 45 establecimientos licenciados que no abastecen por lo que dijo que se debe generar un modelo nacional basado en la corresponsabilidad social, evidencia y conocimiento, comunicación, cooperación interinstitucional y la generación de ordenanzas.
Planteó retos, al cierre de su intervención y detalló que se debe ampliar la cobertura y la accesibilidad a los servicios; implementar programas de tratamiento en el ámbito municipal y, a su vez, mayor asignación a GAD municipales.
La directora del programa “Por un futuro sin drogas”, Julieta Sagñay, por su parte, se refirió a que el consumo de drogas es un problema que dejado como víctimas a 500 mil ciudadanos en el mundo. Se debe tener en cuenta que este es un problema de salud y no se puede criminalizar ni procesar porque debemos brindarles tratamiento, puntualizó.
Ponencia del presidente de la Comisión de GAD
El legislador, Héctor Yépez Martínez, presidente de la comisión de GAD y ponente del informe, destacó que este debate sirve para llegar a un consenso en base a los aportes de todos los legisladores. Manifestó que es fundamental la prevención sobre el uso y consumo de drogas, convertido en un grave problema en el Ecuador.
Dijo que los principales cambios se han orientado en esclarecer los conceptos de descentralización y desconcentración de la política pública, así como la ejecución de planes y programas basados en la evidencia científica. Al referirse a las políticas locales de prevención estas deben ejecutarse a través de la prohibición, regulación y control del consumo de sustancias en lugares públicos y de concurrencia masiva, y aclararó que prohibir no es criminalizar, por ello no se han topado las reformas penales, puntualizó.
En lo que respecta a los GAD, estos ejecutarán campañas en los medios de uso masivo y redes sociales, dirigido a menores de edad. Se establecieron reformas a la Ley de Comunicación, para establecer que el 2 % del total de contenidos sean en prevención de uso y consumo de drogas para los medios privados, y el 5% de estos contenidos para los medios públicos.
También, resaltó que se amplía el concepto de rehabilitación y se incorpora a las familias que fueron afectadas por las persona adictas, para que sean atendidas de manera profesional en los centros terapéuticos. Finalizó su intervención al indicar que esta ley debe servir para ayudar a las familias que viven este drama en el país y que el debate, pese a las diferencias y posiciones políticas, debe enmarcarse a entregar herramientas de prevención de esta enfermedad.
EA/cz
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