El Pleno de la Asamblea Nacional inició el debate del segundo informe del proyecto de Ley Orgánica contra el Consumo y Microtráfico de Drogas, elaborado por la comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Tras escuchar en comisión general al concejal de Quito, Bernardo Abad, Gustavo Valencia, representante del Centro para el Tratamiento de Adicciones “12 Pasos”, Julieta Sagnay, directora del programa Por un Futuro sin Drogas y al asambleísta Héctor Yépez, proponente del proyecto, los legisladores iniciaron el debate.
Los paralmentarios coincidieron en la necesidad de incorporar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en los procesos para enfrentar el consumo de drogas, así como en la implementación de planes y programas para la prevención. Sin embargo, apuntaron que debe existir corresponsabilidad del Gobierno Nacional; porque al ser un problema de salud pública, el Estado debería asegurar el tratamiento y rehabilitación de consumidores.
Mencionaron que es sustancial que los Gobiernos Autónomos se comprometan en la prevención del consumo de drogas, precisamente porque son quienes están más cercanos a gente. Incluso sugirieron que los GAD destinen, al menos, un 10 % del presupuesto para luchar contra este mal que aqueja a la sociedad.
Se pidió, además, que los operativos de control se realicen de forma conjunta con el Ministerio de Gobierno y se solicitó que las ordenanzas que emitan los municipios para prevenir, prohibir, regular y controlar el consumo de alcohol, tabaco y sustancias sujetas a fiscalización, sean más severas si se lo hace en parques, estadios y perímetros de los centros educativos, esto con el fin de proteger a la población más vulnerable.
Otros señalaron que se necesitan cambios en la normativa para que sea un aporte en la política integral de prevención del consumo de drogas y el combate al microtráfico, presente en instituciones educativas y espacios recreativos.
Hubo quienes se opusieron a que los GAD asuman esta competencia, porque no cuentan con los recursos necesarios. También dijeron que la norma pretende criminalizar a quienes consumen droga, invisibilizarlos y dejar de lado la implementación de mecanismos para su rehabilitación. Sostuvieron que es necesario entregarles una oportunidad para su reinserción en la sociedad.
Tras la intervención de ocho legisladores, incluido el proponente del proyecto, el presidente encargado, César Solórzano, suspendió la sesión 670.
SV/cz
Más fotografías:
