Este jueves, en la continuación de la sesión 670 del Pleno de la Asamblea, se cumplió la segunda jornada de análisis del informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, en el que intervinieron 20 parlamentarios.
Luego que el presidente de la Asamblea, César Litardo, dispuso el cierre del tratamiento del primer debate, la legisladora Ximena Peña, titular de la mesa de Justicia, anunció que el informe para segunda instancia se unificará al documento que está para conocimiento del Parlamento desde el año anterior. Vamos a darle al país una reforma integral y amplia, agregó.
Independencia
Considerando que la crisis del sistema de justicia ha sido recurrente en el Ecuador, en los últimos años, y que la ciudadanía ha perdido credibilidad en la administración de justicia, lo que afecta incluso la vigencia de la democracia, las inquietudes y propuestas de los legisladores se centraron en la necesidad de efectivizar la independencia interna y externa de la Función Judicial, así como de sus órganos auxiliares, para que contribuyan con eficiencia y agilidad en el combate a la corrupción y el crimen organizado.
Señalaron que es fundamental que los servidores del sector sean sometidos a intensos y permanentes procesos de capacitación, profesionalización y evaluación, con parámetros y estándares internacionales. Esto permitirá que los jueces, magistrados, fiscales y los operadores en general garanticen un servicio oportuno, diligente, rápido en el trámite de las causas y que la decisiones respondan al interés del país, no a intereses de grupos y de los gobiernos de turno, impidiendo que la justicia se convierta en herramienta de persecución política.
Se planteó que la academia, los colegios profesionales y las facultades de Jurisprudencia participen activamente en la implementación de directrices de capacitación. También que dentro de la evaluación de jueces se puede aplicar las pruebas de confianza, recogiendo la experiencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Comentaron que la Defensa Pública debe afianzar el principio de tutelar derechos de personas vulnerables y de escasos recursos económicos, acorde el mandato del artículo 191 de la Constitución.
Jueces anticorrupción
Dos corrientes se evidenciaron en cuanto a la creación de salas y jueces anticorrupción, cuya tesis fue formulada desde el Ejecutivo. Unos opinaron que la propuesta es pertinente para enfrentar la grave corrupción enraizada en el país, mientas otros señalaron que esta tarea la pueden asumir los jueces penales, dándoles mayor experticia y especialización en este tema.
Notarías
La mayoría se pronunció porque la reforma recoja totalmente el artículo 200 de la Carta Maga, que dispone que los notarios permanecerán en sus funciones seis años y podrán ser reelegidos por una sola vez, siendo sujetos de evaluación en base de estándares de rendimiento. Al respecto, se comentó que es fundamental abrir espacios reales a la democratización de este tipo de cargos, evitando que ciertos ciudadanos se perennicen y que hasta sean hereditarios.
Beneficios para grupos vulnerables
Los asambleísta destacaron la homologación del periodo de lactancia de las servidoras judiciales en igualdad de condiciones con los demás empleados estatales, acorde a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep); la reducción de tasas judiciales a favor de personas con discapacidad o que sufren enfermedades catastróficas; y, la regulación de exhortos internacionales para beneficios de los compatriotas residentes en el exterior.
Finalmente, hubo el planteamiento de revisar lo atinente a la propuesta de retomar la vacancia judicial, en razón de que la Constitución prohíbe expresamente la paralización de servicios públicos.
MG/cz
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