El Pleno de la Asamblea Nacional, con 124 votos afirmativos, conformó la Comisión Multipartidista que investigará las denuncias presentadas por las asambleístas Tanlly Vera y Verónica Guevara, respecto de la conducta del legislador Daniel Mendoza Arévalo, quien habría incurrido en las causales determinadas en los artículos 127 numerales 2 y 4, de la Constitución; y, 163 numerales 2 y 4, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíben a los asambleístas ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional.
La Comisión Multipartidista estará integrada por los legisladores Héctor Yépez, Javier Casanova y Ronny Aleaga, quienes sustanciarán el trámite correspondiente y presentarán a la Presidencia de la Asamblea Nacional el respectivo informe, en el plazo de hasta diez días, contados desde su conformación en el Pleno, según lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El texto del referido artículo enfatiza que, en ningún caso, la Comisión Multipartidista presentará su informe sin que el asambleísta haya ejercido su derecho a la defensa durante la investigación, salvo que el propio legislador no se presente en el plazo de tres días. El asambleísta investigado será escuchado también en el Pleno, luego de conocido el informe respectivo y antes que se tome votación.
No se admitirá ninguna prueba que vulnere derechos fundamentales o haya sido obtenida mediante mecanismos ilegales, subraya el inciso cuarto del artículo 164.
Ximena Peña, representante por Estados Unidos y Canadá, fue la encargada de mocionar que las dos resoluciones del Consejo de Administración legislativa (CAL), por las cuales se califican las respectivas solicitudes de investigación de la conducta del asambleísta Mendoza se unifiquen en un proceso único; y, a la vez, propuso los nombres de Héctor Yépez, Javier Casanova y Ronny Aleaga, para que sean parte de la Comisión.
Las dos resoluciones del CAL, en el artículo 2, califican la solicitud de investigación, por haber cumplido con todos los requisitos establecidos en el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y, de igual forma, con el precedente establecido en casos análogos anteriores, como es la diligencia de reconocimiento de firma y rúbrica constante en la denuncia juramentada presentada.
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