En base a una matriz, la Comisión de Justicia, en la sesión 092, revisó las diversas observaciones que se dieron, en primer debate, en el Pleno de la Asamblea Nacional, en la primera semana de junio, en que intervinieron 20 parlamentarios, al proyecto de reformas al proyecto de Código Orgánico de la Función Judicial.
El equipo técnico determinó que el 70 % de comentarios son de forma y mejoran el texto, 10 % se trata de ideas nuevas o cambios sustanciales y el 20 % son propuestas nuevas. La Escuela de la Función Judicial, evaluación en el sistema judicial y periodos de notarios son los temas recurrentes, mientras hay planteamientos de regular la gestión de los profesionales del Derecho, fortalecer el sistema telemático en el servicio notarial y crear jueces para delitos ambientales, entre otros aspectos.
Ximena Peña, titular de la mesa, habló de la necesidad de reafirmar el principio constitucional de la aplicación de la justicia índigena y consolidar absoluta transparencia en la Función Judicial. Franklin Samaniego pidió compaginar la situación de jueces especializados acorde a los términos del proyecto de nuevo Código de la Niñez, a fin de evitar cualquier antinomia (conflicto o contradición de leyes).
En razón de la crisis económica que atraviesa el país, los comisionados Lourdes Cuesta, Kharla Chávez, José Serrano y Elio Peña consideraron que no sería pertinente la creación de nuevos juzgados, como, por ejemplo, para delitos ambientales, más bien los actuales pueden especializarse en estas materias.
Respecto a definir el sistema telemático en el servicio notarial, el legislador Henry Cucalón, sugirió convocar a los profesionales del sector, a fin de que clarifiquen la temática.
Aportes de gremios
Previamente, el organismo receptó pareceres de la Asociación de Abogados en Acción, la Asociación de Servidores Judiciales de El Oro, así como de las asambleístas Andrea Yaguana y Silvia Salgado.
Juan González Carbo, presidente de la Asociación de Abogados en Acción, solicitó establecer, en el proyecto, una clara distinción entre los funcionarios de la Función Judicial y los abogados en libre ejercicio profesional, que son autónomos, independientes y pertenecen al sector privado. No se puede admitir que el Consejo de la Judicatura sea responsable de administar al conglomerado de abogados e imponer multas y sanciones disciplinarias, enfatizó.
Ascensos
Vicente Arias, dirigente de los judiciales de El Oro, manifestó que la evaluación, así como implica posibilidad de desvinculación de quienes no superan las pruebas, debe permitir ascensos en los cargos para los servidores que obtienen una correcta puntuación. Así, los jueces que hayan superado el porcentaje de evaluación, en función del reglamento, pasen a conformar parte de un banco de elegibles en el proceso de promoción de categoría, argumentó.
Seguridad jurídica
Es fundamental cerrar el paso al dolo y corrupción que avergüenza a los ecuatorianos, más aún en tiempos de la pandemia, sostuvo la legisladora Andrea Yaguana. Comentó que los fiscales, jueces y policías hacen esfuerzos para combatir este fenómeno, pero falta seguridad jurídica en toda esta tarea, al precisar que se requiere, además, garantizar el debido proceso y estabilidad laboral para un mejor desempeño de los servidores.
Enfoque en derechos humanos
La parlamentaria Silvia Salgado reveló que la Defensoría del Pueblo identificó más de ocho mil alertas de personas afectadas en el ejercicio de sus derechos, durante la crisis sanitaria, cifra que es alarmante. En tal sentido, propuso que los operadores de justicia, en el ámbito de la capacitación y formación, a través de la Escuela de la Función Judicial, alcancen niveles de preparación en enfoque de derechos humanos, bajo la asistencia de la propia Defensoría y organismos internacionales especializados.
MG/cz
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