La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, informó que este miércoles se cierra la primera fase de socialización del proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías.
Anunció que inmediatamente se preparará una matriz respecto de competencias institucionales; del marco normativo internacional, regional y nacional; y, legislación comparada y mejores prácticas.
Luego, se dará paso a la revisión y sistematización de alrededor de 230 observaciones que se han presentado, a fin de determinar puntos críticos que merecen un estudio más profundo en mesas interinstitucionales, dijo, al enfatizar que posteriormente se hará el procesamiento de aportes y la definición del informe borrador del articulado.
OMS
En la sesión 095, el organismo receptó criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Adriana Blanco Marquizo, jefa del Secretariado del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco llamó a tomar en cuenta las disposiciones de dicho Convenio, legalmente vinculante, que surgió desde la visión de que el tema del tabaquismo es un problema global, generado por una industria que también es global.
Manifestó que la solución a la problemática requiere de una cooperación regional y mundial, de un régimen de seguimiento y revisión de las sanciones penales.
Sector privado
Entre tanto, Marco Carrión, presidente de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa del Ecuador (Canape), objetó que a los municipios y gobiernos descentralizados se les asigne la competencia de aprehender, decomisar y destruir mercancías ilícitas, ya que no cuentan con la infraestructura física y humana para cumplir esta tarea técnica.
Además, solicitó que en el Comité Permanente Interinstitucional para el Combate del Contrabando se incluya al sector privado, a través de gremios o una cámara nacional y que se piense en la creación de una especie de fedatarios, recogiendo la experiencia del Servicio de Rentas Internas.
Riesgo a la seguridad
Para Milton Altamirano, presidente de la Asociación de Confeccionistas Textiles (Acontex), el incremento de contrabando representa un riesgo para la seguridad del país, fomenta la cultura de la ilegalidad y distorsiona la dinámica del mercado, al obligar a las industrias que cumplen con sus obligaciones legales y tributarias a competir en condiciones inequitativas contra exportadores y comercializadores que evaden el pago de impuestos, afectando así la sostenibilidad de la sociedad en su conjunto.
Expuso que el contrabando tiene convergencia con otros delitos: actividades relacionadas con el crimen organizado, lavado de activos, narcotráfico, financiamiento del terrorismo y corrupción. Por ello, es necesario y urgente la expedición de una normativa específica, y que la lucha a este fenómeno se declare como política de Estado, agregó.
Precautelar la identidad
Por último, Fausto Ordóñez Almeida, director del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (Cidap), alertó que el ingreso de miles de artículos de contrabando, desplaza la producción local, provoca el abandono del oficio, lo que rompe el tejido social comunitario de la identidad cultural.
Planteó definir mecanismos de control en el territorio, de forma periódica y permanente; que la comercialización de productos en ferias y galerías tengan una etiqueta de origen; y, que exista un proceso de certificación.
MG/cz
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