El Pleno de la Asamblea Nacional, en la continuación de la sesión 674, tramitó en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, sobre la base del informe presentado por la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales del período anterior.
Freddy Alarcón, en su calidad de ponente del informe, recordó que por mandato constitucional el derecho humano al agua es un derecho irrenunciable, imprescriptible e inembargable, así como esencial para la vida.
Entre otros temas, la reforma propone el reconocimiento de los gestores de los ecosistemas de los páramos. Recoge varias propuestas, entre ellas de los legisladores, Luis Pachala, Kharla Chávez, Pedro Curichumbi y Héctor Yépez.
La norma prevé la garantía de la calidad del agua, el reconocimiento a los gestores de los ecosistemas de los páramos, así como el respeto de las prácticas ancestrales sobre el servicio comunitario del uso del agua. También se consideran aspectos relacionados con el régimen sancionatorio y los valores de las multas aplicables para cada caso.
Es hora de dotar de agua segura a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, a través de los gobiernos autónomos descentralizados, subrayó Alarcón, al formular un llamado a proteger la fuente de vida, a que haya un uso responsable del agua.
Durante el debate se resaltaron, entre otros temas, que los humedales en la Amazonía ecuatoriana están desapareciendo, quizás por la falta de inversión de los gobiernos locales en proyectos de alcantarillado, de regadío y, sobre todo, por acción de las compañias petroleras que evacúan los residuos de manera desordenada y van a los riachuelos, así como a los afluentes de los ríos, que forman parte de las reservas de agua.
Así también, que la reforma pretende flexibilizar el capítulo relacionado con las multas y sanciones, lo cual debe ser analizado técnica y no políticamente. Por otro lado, hubo expresiones en el sentido de que las multas actuales son inconstitucionales, porque, por ejemplo, por una falta leve, un campesino debe pagar entre 400 a 4000 dólares, lo cual no guarda proporcionalidad con las infracciones cometidas, ni se compadece con la realidad económica del país.
Mostraron su acuerdo en incrementar programas y proyectos encaminados a la preservación y conservación de los recursos hídricos, sobre la base políticas públicas trabajadas con la participación de todos los niveles de gobierno, los gestores del agua, al igual que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
Hubo voces en el sentido de que el Estado deber ser quien coordine con los gobiernos autónomos, con las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, para preservar los recursos hídricos, a través de incentivos para los gestores que cuidan los páramos, los humedales y las demás fuentes de agua.
Entre otras preocupaciones de los legisladores se mencionaron la necesidad de proteger las fuentes hídricas sobre todo liberándolas de actividades mineras a cielo abierto, a fin de evitar la contaminación. Así mismo, expresaron que es imprescindible que los gobiernos autónomos descentralizados establezcan proyectos de tratamiento de aguas servidas, de manera que se contrarresten los agentes contaminantes en los propios cantones y provincias del Ecuador.
Tras la intervención de 14 legisladores, el presidente encargado de la sala, César Solórzano, declaró concluida la primera discusión y, a la vez, dispuso se remita el proyecto, junto con las obervaciones, a la Comisión de Biodiversidad, para que sistematice las propuestas formuladas en el Pleno y elabore el informe previo al segundo debate.
EG/cz
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