El ministro de Trabajo, Andrés Isch, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Johanna Cedeño Zambrano, aseguró que la elaboración del Reglamento a la Ley Orgánica de Ayuda Humanitaria avanza ágilmente, pese a que se trata de un tema complejo porque abarca temas tributarios, laborales, de política pública y otras materias.
Indicó que lo fundamental de este Reglamento es que responda al espíritu que inspiró la Ley Humanitaria y garantizar que esta ley empate con el resto de la legislación vigente, como en el caso del Código de Planificación y Finanzas Públicas.
El Secretario de Estado acudió al organismo parlamentario con el propósito de informar sobre el incumplimiento de derechos laborales en la fábrica Alfadomus S.A. y la Corporación Metro Bastión. Frente a estos casos, Andrés Isch dijo que son temas que están en proceso de resolución y que no puede anticipar criterio, puesto que en algún momento podrían llegar a su conocimiento y resolución, por lo cual debe mantener su independencia y respetar el debido proceso.
De su lado, Carlos Gurumendi, representante del Comité de Empresa de Alfadomus, reiteró que la mora de esta compañía viene desde 2014, por lo cual los trabajadores no han podido acogerse a los servicios y prestaciones de la seguridad social; varios de sus compañeros, pese a contar con el tiempo de servicio y la edad respectiva, no han podido jubilarse, lo cual lesiona sus derechos.
El ministro Andrés Isch respondió las consultas de los legisladores Luis Pachala, Carmen Rivadeneira y Alberto Arias. Desde la Comisión de Fiscalziación se hará un seguimiento permanente acerca de esta temática.
Supresión de partidas
Respecto del Acuerdo 124, el Ministro explicó que este instrumento tiene por objetivo evitar la vulneración de derechos laborales en los procesos relacionados con la supresión de puestos y que los mismos se realicen de manera técnica, puesto que desarrolla lo previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público, en lo que atañe a las causales para la cesación de funciones.
Añadió que existe un Programa de Asistencia Técnica para la Supresión de Puestos para 43 instituciones y están comprometidos 29 millones de dólares, con el propósito de evitar al Estado el pago de indemnizaciones adicionales por haber aplicado la norma de manera inadecuada o por haber omitido algún procedimiento específico. Hay 1600 partidas que se han suprimido, desde marzo hasta la presente fecha, agregó.
Aclaró que en el caso de supresión de partidas, a la vez se prohíbe la creación de nuevas partidas para las mismas funciones por dos años, ese es un primer candado y, por otro lado, tampoco se puede reclutar servidores vía contrato ocasional para suplir a quien dejó el cargo por la vía de supresión de partida.
EG/cz
Más fotografías:
