La Comisión de los Derechos de los Trabajadores avanzó en la revisión del articulado del proyecto de reformas la Ley Orgánica del Servicio Público para la Protección del Empleo y la Garantía de la Estabilidad en el Servicio Público, que plantea la prohibición de la terminación laboral por mora, propuesto por la legisladora Rina Campain. El organismo Legislativo realizará un nuevo taller preparatorio en base a las observaciones recibidas y tomará decisiones definitivas, previa a la elaboración del informe para segundo debate.
La propuesta de Ley crea mecanismos de solución para que los trabajadores, que han sido afectados por la crisis sanitaria y no puedan cumplir con las deudas que mantienen en las instituciones del Estado, tengan garantizada su estabilidad laboral. Karina Arteaga, presidenta de la mesa, recordó que estas acciones van en la dirección de garantizar los derechos de los trabajadores.
El asesor de la comisión, Diego Cedeño, explicó el contenido del articulado y detalló que, en el debate interno, se establecieron dos tipos: antes de la suscripción del contrato de relación laboral y el sobreviniente, cuando el trabajador se encuentra en ejercicio laboral.
Tras sostener que la propuesta aclara de manera más sencilla estas dos inhabilidades previa y posterior y aclaró que la causal de destitución se podrá dar cuando no se cumpla el convenio de pago con la entidad acreedora, pero esto tras un año de que no se haya cancelado los valores pendientes. También dijo que el argumento de los legisladores, es que no se puede vincular una obligación económica o crédito con los derechos de los trabajadores.
Sobre la justificación del proyecto, se refirió a la disminución de la capacidad de pago de los servidores bajo el régimen de la Losep, por lo que generaría el argumento de proponer esta reforma en apego a las necesidades sociales del país.
La asambleísta Samia Tacle, tras presentar observaciones de forma para mejorar la redacción del texto subrayó que el proyecto contiene todas las motivaciones para ser aprobado.
De su lado, el asambleísta Fausto Terán consultó cuántas instituciones públicas han desvinculados a funcionarios públicos por mora y recordó que la autoridad competente para autorizar dicho despido por esta causal, es el Ministerio de Trabajo. Alertó que la norma pueda ser, en lo posterior, contraria a los intereses de los trabajadores.
En tanto, Rina Campain aseguró que la propuesta de Ley, se hizo en base a estudios y denuncias de trabajadores despedidos por causa de deuda. “Las reformas al artículo 9 de la Losep se hace para que no haya malas interpretaciones y no se vulnere derechos a cientos de trabajadores, precisó tras sostener “que personal de recursos humanos no se rigen por la ley, sino que la aplica bajo inerpretación”.
José Luis Veliz, asesor de la Comisión y funcionario de carrera del Ministerio de Trabajo expuso la necesidad imperiosa de la aprobación de las reformas a la Losep, a fin de evitar que se den sumarios admistrativos a funcionarios que tienen deudas con el Estado. Argumentó que desde el Ministerio de Trabajo se emitió una norma técnica para que los inspectores sigan sumario administrativos a funcionarios que constan con impedimento laboral.
Sindicato de Trabajadores del Mies
En otro orden, los legisladores recibieron a Iván Avendaño, secretario General del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies), quien habló de condiciones laborales y vulneración de derechos laborales. Planteó reformas para que a partir del décimo año de servicio puedan tener derecho a los siete salarios que determina la cláusula vigésima cuarta del contrato colectivo vigente.
Tras mencionar que dentro de 463 trabajadores existen profesionales de todos los niveles planteó que se los tome en cuenta en las diferentes vacantes y no se los haga renunciar para para participar en los concursos de oposición y mérito.
La presidenta de la Comisión, Karina Artega anunció que la Comisión pedirá información y emitirá un pronunciamiento sobre el tema.
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