En el marco de la investigación ordenada por el Pleno de la Asamblea Nacional para fiscalizar la obtención de carnés de discapacidad, la Comisión del Derecho a la Salud, que preside el asambleísta William Garzón Ricaurte, inició el análisis del primer borrador del informe no vinculante de este proceso.
Resolvió por unanimidad, que los aportes y observaciones de los asambleístas, que servirán en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones del mencionado dictamen no vinculante, serán remitidos por escrito, en un plazo no mayor de 24 horas, para posterior análisis dentro de la Comisión. El legislador Garzón mencionó que las conclusiones y recomendaciones deben ser contundentes y con el respectivo respaldo de sustento.
El informe contiene más de 150 páginas, establece el objeto, antecedentes, marco normativo, aspectos legales y proceso de fiscalización de los carnés de discapacidad, así como el proceso de recalificación voluntaria y sanciones.
Una de las propuestas del asambleísta Ángel Sinmaleza es que la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Nacional de Aduanas (Senae) y el Servicio de Rentas Internas (SRI) informen a la Comisión de Salud, cada tres meses, en sesión reservada, aspectos generales de los procesos de investigación en la obtención de carnés de discapacidad; investigación a jueces, fiscales, notarios y demás servidores judiciales portadores de dicho carné; seguimiento y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad; procesos de concurso dolosos, entre otros.
El legislador Sebastián Palacios consideró que en el informe debe constar la falta de personal técnico en el Ministerio de Salud Pública, también demostrar cuántos funcionarios están involucrados y son responsables en la emisión de los carnés, así como los procesos de auditorías realizados por la Contraloría y número de importaciones de vehículos realizados en el 2019.
La parlamentaria Rosa Verdezoto, recomendó exhortar a la cartera de Salud Pública eliminar las disposiciones emitidas el 16 de marzo, 5 y 23 de junio de 2020 y se disponga a retomar la consulta externa de evaluaciones y demás procesos para que no se vulneren derechos garantizados en la Constitución y la Ley en la obtención de los carnés a personas con discapacidad.
Finalmente, el legislador Michell Doumet dijo que el objetivo debe ser más amplio y abarcar los pronunciamientos del Defensor del Pueblo, Fiscalía y Contraloría.
RSA/ea
Más fotografías:
