La Comisión de Biodiversidad, revisó minuciosamente los informes remitidos por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y elaborados por los Ministerios de Ambiente y Agua, Economía y Finanzas, Petroeamazonas EP y la Secretaría de Derechos Humanos, correspondiente al período octubre de 2019 abril 2020. Dicha información sobre la Declaratoria de Interés Nacional de la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, fue devuelta por la mesa de Biodiversidad por no estar completa.
Según los comisionados, el informe es amplio y lo que se requiere son datos contundentes que permitan corroborar el cumplimiento estricto de la Declaratoria de Interés Nacional. Por ello, señalaron la necesidad de que realicen actividades coordinadas entre las instituciones involucradas, así como el envío oportuno de los informes.
En el debate de este tema, el legislador Juan Cárdenas mencionó que, en los informes remitidos a la Comisión de Biodiversidad, no se hace referencia al despido de los Guardaparques. De su parte, el parlamentario Fredy Alarcón, dijo que tampoco se hace mención a la construcción del sendero o carretera que estaría afectando a la zona, según denuncia de la organización Yasunidos.
Entre tanto el asambleísta Eddy Peñafiel, indicó que cada institución del Ejecutivo lo que hace es justificar su accionar. Recordó que no se está cumpliendo con la Ley Amazónica de contratar mano de obra local. Indicó que no se da cumplimiento a la resolución de la Comisión de suspender las actividades hidrocarburíferas hasta que se supere la emergencia sanitaria producto del covid-19. Al momento existen 200 casos de contagios en Aguarico y recordó que el representante del pueblo Huaorani advirtió de la problemática de salud que enfrenten por la pandemia.
En este marco, los comisionados con 5 votos afirmativos, 3 en contra y una abstención, no aprobaron el informe semestral No. 13.
Derrame petrolero
En otro, orden la mesa resolvió convocar a los Ministros de Ambiente y Agua, de Recursos Naturales no Renovables, a los gerentes de Petroecuador, así como a los representantes de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador, al representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquial rural de Orellana y al presidente de la Junta Parroquial de Orellana, para conocer las acciones realizadas frente al derrame petrolero producto de la caída de la cascada de San Rafael, que provocó la rotura del OCP, del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Poliducto Shushufindi, provocando derrame de miles de barriles de crudo en los ríos Coca, Quijos y Napo, que afectan a comunas y comunidades.
La mesa legislativa conoció el documento enviado por los representantes de San Sebastián del Coca, Nuevo Paraíso, Guayusa, San Carlos, Taracoa y El Dorado, quienes solicitan la mediación de la Comisión de Biodiversidad ya que los habitantes de estos poblados se ven afectadas por la contaminación ambiental, fruto del derrame de hidrocarburos producido el pasado 7 de abril, razón por la cual piden se concrete acciones encaminadas a resarcir los daños.
JLVN/ea
