En la sesión 682 del Pleno, de este miércoles 16 de septiembre, se tramitó en primer debate el proyecto de Reforma Parcial a la Constitución, presentado por el Comité por la Institucionalización Democrática que propone eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs); establecer la bicameralidad Legislativa; y, la autonomía de la Fiscalía General del Estado.
El debate se realizó sobre la base del informe elaborado por la Comisión Ocasional de Enmiendas, los parlamentarios expusieron sus criterios frente a los temas que se proponen reformar. Al inicio de la sesión, luego de la lectura del Informe del proyecto de Ley, la presidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas, Elizabeth Cabezas, explicó los tres ejes elementales de la reforma.
Eliminación del CPCCS
Sobre la eliminación del Cpccs, la legisladora mencionó que la entidad ha sido fuertemente cuestionada y que, en lugar de fortalecer la representación, se convirtió en un instrumento de designación de autoridades, muy deficiente en la actuación de control social y de combate a la corrupción. La Corte Constitucional, en su dictamen, concluye que su eliminación no implica limitación alguna o restricción a los derechos de participación.
Rediseño de la Asamblea Nacional
Elizabeth Cabezas indicó que la reforma buscar evitar que la Asamblea Nacional siga incrementando su número de asambleístas y posiblemente complementar con algún cambio respecto a la representación sobre la fracción de crecimiento poblacional de cada 200 mil habitantes.
Rescató que los dos sistemas tanto el unicameral como bicameral tienen ventajas y desventajas; que es necesario ampliar el debate en el Pleno de la Asamblea, a fin de recibir los diferentes aportes de las bancadas para tomar la mejor decisón para el país y para la Función Legislativa.
El Senado se conformaría por 30 senadores elegidos por listas nacionales. Los miembros de la Cámara de Representantes, un representante por cada provincia; y, uno por cada 200 mil habitantes o fracción que supere los 150 mil. Mientras, la Asamblea estaría conformada por 90 representantes. Existirían dos representantes por las circunscripciones del exterior, elegidos por la Cámara Baja, pues los ecuatorianos en el exterior podrán votar por los senadores a través de las listas nacionales.
Ambas cámaras tendrán iniciativa normativa y la revisión de proyectos se efectuará por la Cámara opuesta. La formulación de un veto parcial ya no habilitaría al Presidente de la República para que presente un texto alternativo al objetado, entre otras disposiciones.
Acerca de la fiscalización, Elizabeth Cabezas dijo las reformas plantean que se elimine la muerte cruzada, se asigne a la Cámara de Representantes la función de acusar ante el Senado. Se elimina el requisito de un dictamen constitucional para enjuciar políticamente al Presidente y Vicepresidente de la República y se permite el enjuiciamiento de los miembros de las altas cortes del Estado, exclusivamente por delitos de cohecho, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito. Destacó que el texto final debe ser sometido, además de la aprobación del Pleno, a un referéndum.
Autonomía de la Fiscalía General
Cabezas informó que se propone reformar la estructura organizacional de la Fiscalía General del Estado para garantizar la independencia del control público y fortalecer la lucha contra la corrupción. De esta forma, se eliminaría a la Fiscalía del control del Consejo de la Judicatura y se le otorga verdadera autonomía institucional.
Debate
Varios fueron los argumentos de los legisladores frente a las propuestas. Por una parte, consideraron que es procedente eliminar al Cpccs pues incrementó el hiperpresidencialismo, se limitó a la función de nombrar autoridades de control y no promovió la participación ciudadana real. Consideran que su ausencia no limitará el derecho constitucional de participación que debe ser transversal y ejercido de manera directa. En cuanto a la designación de autoridades, esta debe regresar a la Asamblea Nacional, refirieron.
Las voces opuestas señalaron que es importante contar con institucionalidad que permita y promueva la participación ciudadana, en la práctica, que vaya más allá del discurso y de lo que puedan establecer los gobiernos de turno.
Sobre la autonomía de la Fiscalía sostuvieron que las reformas no son a favor de las personas, sino de las instituciones y por lo tanto de la gestión que puedan generar a favor de la ciudadanía, principalmente para luchar contra la corrupción.
Respecto a la bicameralidad en el Legislativo existieron posturas divididas. Por un lado, quienes consideran que los cambios en la estructura del Primer Poder del Estado no le darían respuestas al país y tampoco garantizaría la gestión eficiente del mismo. Por otra parte, creen que la propuesta es necesaria para enriquecer el tratamiento de las leyes y mejorar el trabajo legislativo.
Entre otros criterios, se planteó la posibilidad de modificar la Constitución a través de una consulta popular, como la expresión democrática más dirimente que refleja una verdadera democracia.
La presidenta encargada de la sesión, asambleísta Ana Belén Marín, cerró el primer debate del proyecto de Reforma Parcial a la Constitución, despues de ocho horas y 22 intervenciones de legisladores.
Levantamiento de inmunidad
Dentro de la misma sesión del Pleno, en horas de la mañana, con 101 votos afirmativos, dos negativos y 12 abstenciones, la Asamblea Nacional autorizó el inicio del proceso penal contra la asambleísta Karina Cecilia Arteaga Muñoz, por el supuesto delito de concusión, denunciado por su excolaboradora, Andrea Utreras, en 2018.
La sesión arrancó con la lectura del requerimiento suscrito por la secretaria Relatora de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, sobre la base de la solicitud realizada por la Fiscal General de que se envié el requerimiento a la Asamblea Nacional, antes de realizar la audiencia de formulación de cargos, tomando en cuenta que la asambleísta goza fuero de Corte Nacional de Justicia.
De acuerdo al artículo 139 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), el Presidente del Legislativo no puede debatir o mocionar mientras ejerce sus funciones, con ese antecedente, César Litardo Caicedo encargó la presidencia a la legisladora Ana Belén Marín, previo a mocionar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Karina Arteaga.
El pedido desde la Función Judicial se solicitó dentro del proceso penal No. 17721-2018-00050G que se sigue contra la prenombrada asambleísta; por cuanto el presunto delito que se le imputa no es común y la figura de inmunidad parlamentaria no la exonera de posible responsabilidad penal, en razón del ejercicio de su cargo, acorde con lo prescrito el artículo 128 de la Constitución de la República y el artículo 111 de la LOFL.
Dichos artículos establecen que para el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal en contra de una asambleísta se requerirá autorización previa del Pleno de la Asamblea Nacional.
Previamente, la parlamentaria Karina Arteaga Muñoz expuso sus argumentos, señalando que es el inicio de un proceso donde se declarará su inocencia, pues no existen pruebas en su contra.
RSA/JLVN/cz
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