La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, que preside Karina Arteaga, aprobó el informe para segundo debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público para la Protección del Empleo y la Garantía de Estabilidad en el Servicio Público, con nueve votos.
La propuesta de la asambleísta Rina Campain Brambilla exceptúa los nombramientos expedidos o contratos celebrados a favor de personas que se encuentran en mora con entidades o empresas públicas o que administren recursos públicos si, previo a la obtención del nombramiento o contrato, se hace constar en la declaración patrimonial juramentada de inicio de gestión, el detalle de la deuda y del convenio o facilidades de pago suscrito entre el deudor y el acreedor.
No podrá aducirse inhabilidad especial por mora en ejercicio de funciones ni como falta disciplinaria o causal de remoción de la servidora o del servidor público.
Nuevos requisitos para puestos jerárquicos
En otro orden, la asambleísta Cristina Reyes sustentó los alcances de su propuesta de Ley Reformatoria a la Ley de Servicio Público (Losep) que incorpora nuevos requisitos para el ingreso al servicio público a cargos directivos de libre nombramiento y remoción.
La legisladora explicó que se trata de normar incompatibilidades por conflicto de intereses en el sector público y establecer revisiones aleatorias a los funcionarios de libre nombramiento y remoción de las prohibiciones para ejercer cargo público.
Además, garantizar que los funcionarios jerárquicos de libre nombramiento y remoción tengan el conocimiento académico/técnico necesario para ejercer sus cargos; y, establecer una serie de mecanismos para su evaluación y control del desempeño, cuando ya se encuentren en ejercicio de sus funciones.
Infocentros
Previamente, Adrián Ibarra y Luis Espinoza representantes de los Gestores Sociales que coordinaron la operación provincial de los Infocentros, demandaron que se mantenga el presupuesto para la operatividad de estos, pues además de generar fuentes de trabajo, permite a los usuarios el acceso a internet, capacitaciones de los servicios o talleres que ofrecen las entidades públicas.
Explicaron que en el país hay un total de 880 infocentros que están ubicados en 750 parroquias rurales del Ecuador, operando desde hace 10 años con servicio gratuito a los habitantes de las parroquias rurales y sectores vulnerables.
En estos establecimientos los moradores de las parroquias pueden acceder a los servicios en línea que tienen las instituciones que prestan servicios básicos, donde pueden consultar los valores a pagar de la planilla de luz, agua, teléfono. También promocionan los emprendimientos que surgen en la parroquia.
En su rol fiscalizador, la Comisión pedirá información sobre el tema. Bairon Valle habló del compromiso para no permitir más despidos y solicitó la presencia del ministro de Trabajo para rendir explicación. Mientras que, por pedido de la asambleísta Marcela Holguín, la Mesa Legislativa insistirá en la comparecencia del Secretario de Telecomunicaciones, de forma indelegable.
RSA/cz
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