La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social recibió a la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, quien remitió sus observaciones al proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
En su comparecencia destacó que en la actualidad existe un incremento notorio de la delincuencia organizada en el país, con esquemas corporativos que operan con base a criterios de mercado, compra y venta de bienes a escala mundial.
Así mismo, comentó que estas organizaciones delictivas aprovechan las ventajas que aporta una economía mundial globalizada para efectuar transacciones internacionales por medios tecnológicos con sistemas de compensación de pagos que generan grandes ganancias obtenidas por medio de actividades ilícitas como el narcotráfico, trata de personas, contrabando, entre otras.
Manifestó, además, que la normativa de extinción de dominio ya existe en Perú, Argentina y Colombia. En este último, dijo, es una acción de carácter real independiente de la acción penal. Remarcó que el proyecto de ley planteado por la Comisión de Participación apunta a luchar y combatir la corrupción y el Consejo de la Judicatura está comprometido con ese fin.
Observaciones
En cuanto a las observaciones al proyecto de Ley, sostuvo que el origen injustificado o destino ilícito de los bienes deberá estar relacionado directamente con los siguientes bienes jurídicos protegidos: derechos de libertad, derechos de la propiedad, eficiencia de la administración pública, delitos económicos, producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delitos contra los recursos mineros, delitos contra la actividad hidrocarfurífera, gas licuado de petróleo y biocombustible.
Pidió también que en la normativa se incluyan cuatro principios: procesales, de legalidad, impugnación procesal y dirección judicial del proceso.
En cuanto a la competencia de la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura señaló que para que el proyecto de ley sea viabilizado se deberán reformar los artículos 282 del Código de la Función Judicial, así como los artículos 443 y 444 del Código Integral Penal (COIP), a fin de que se guarde armonía con el proyecto de ley, incluyendo en dichos cuerpos normativos como atribuciones del o la Fiscal ser competentes para realizar la investigación patrimonial sobre extinción de dominio de oficio o por disposición judicial.
Sobre el artículo referido a la Competencia judicial, el Consejo de la Judicatura propuso que, a fin de que sea aplicable dicho articulado sobre los jueces especializados en materia anticorrupción, primero deberá ser reformado el Código Orgánico de la Función Judicial para la creación de unidades judiciales, tribunales y salas especializadas.
La titular de la Judicatura también se refirió a la creación de un tribunal distrital especializado en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Retrospectividad
En esta temática indicó que concuerda con las observaciones realizadas por la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía, en que la definición debe ser precisa y clara en la norma para su correcta aplicación.
Administración de bienes
Concluida su intervención, la asambleísta Mae Montaño le consultó a la titular de la Judicatura cuál sería la institución idónea para encargarse de la administración de bienes y los recursos que se generarán tras la venta de los bienes. La autoridad del Consejo respondió que para absolver esta pregunta es necesario activar las áreas técnicas para que se analicen los mecanismos más convenientes, lo que sí dijo es que esta no podría estar ligada al vaivén del poder político. “Bajo esa óptica nos quedan la Función Judicial y de Transparencia y Control Social”, respondió.
Una vez finalizada su exposición, el titular de la mesa legislativa Raúl Tello suspendió la sesión, e indicó que la Comisión continuará puliendo el borrador del informe para segundo debate, el cual será socializado entre los jefes de bancada antes de ir al Pleno.
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