La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social analizó y debatió el informe para segundo debate del proyecto de Extinción de Dominio. Especialmente los artículos 12 y 14, Sujetos Procesales y Competencia Judicial, respectivamente.
En el artículo 12, los asambleístas acordaron que la Procuraduría General sí debería ser considera como sujeto procesal, además de la Fiscalía y el o los afectados. De acuerdo con legislación comparada, manifestaron que sí existe la intervención de esta institución, en otros países, ya que el Estado podría ser perjudicado.
Respecto al artículo 14, Competencia Judicial, los parlamentarios coincidieron en que las juezas y jueces especializados en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado serán competentes en los procesos de extinción de dominio, para conocer la solicitud de medidas cautelares y autorizarán las actuaciones o técnicas especiales de investigación.
Cuando existan bienes en distintos lugares, será competente la jueza o juez del lugar donde se encuentre el mayor número de bienes.
En segunda instancia, la Sala Especializada en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, del lugar de la jurisdicción donde se encuentren los bienes investigados, será competente para conocer el recurso de apelación.
Análisis
La asambleísta Gloria Astudillo manifestó que, cuando se trate de bienes de interés público se deberá considerar como sujeto procesal a la Procuraduría General del Estado.
El legislador Pabel Muñoz presentó varias observaciones al informe e indicó que se debería dar la competencia de extinción de dominio a los jueces anticorrupción. También, dijo que está de acuerdo con que la Procuraduría sea sujeto procesal y pidió fortalecer el texto de los bienes injustificados.
La asambleísta Mae Montaño manifestó que siempre estuvo de acuerdo que la Procuraduría conste como sujeto procesal, además, solicitó votar el informe porque ya se han recibido los aportes necesarios para pulir la norma y corregir los temas de forma y fondo. A este pedido se sumó el asambleísta Ramón Terán.
De su parte, el legislador Rony Aleaga puntualizó que lo importante es tramitar una ley conforme con las demandas ciudadanas y recuperar los dineros provenientes de la corrupción.
El asambleísta Fabricio Villamar indicó que sí se deberían hacer unos cuantos ajustes a la normativa para que no haya malas interpretaciones. Ofreció trabajar con el equipo técnico para mejorar algunos textos.
Una vez realizada la lectura del informe para segundo debate, el titular de la mesa, Raúl Tello, indicó que se realizarán ajustes en el documento. El informe será sometido a votación mañana, 17 de noviembre, a las19h00.
SV/cz
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