El Pleno de la Asamblea, en la reinstalación de la sesión 686, realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario que establece el régimen jurídico para el desarrollo de este segmento productivo, propiciando su integralidad y sustentabilidad en el territorio nacional, en las diferentes etapas de la cadena agroproductiva.
Mauricio Proaño, vocal de la Comisión de Soberanía Alimentaria, en su calidad de ponente del proyecto, explicó que esta normativa hace justicia con un sector productivo importante para el Ecuador, que no paró sus actividades durante la pandemia y garantizó el abastecimiento de alimentos.
Subrayó que la Ley propiciará un desarrollo sostenible del sector rural del país, porque este segmento presenta los mayores índices de pobreza, pobreza extrema y desempleo, afirmaciones sustentadas con cifras de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), una de ellas, la incidencia de pobreza en un 61.6 %.
El parlamentario aseguró que la propuesta permitirá crear empleo joven en el campo, para evitar la migración a la ciudad, así como hacia otras latitudes y es que, según Mauricio Proaño, es necesario consolidar el empleo agrícola, pero también en áreas no agrícolas.
Luego de la presentación del proyecto, Lenin Plaza, presidente de la Comisión que emitió el informe, explicó que incluye más de 10 iniciativas sobre materia agraria, planteadas en varios períodos legislativos; recoge más de 140 observaciones, tras 28 reuniones de trabajo con productores, comercializadores, importadores, representantes del sector público y privado, a fin de contar con una ley que garantice la soberanía alimentaria.
En el debate, varias voces, algunas de ellas desde la mesa de Soberanía Alimentaria, destacaron la necesidad de dotar a la economía campesina de una línea específica de crédito agropecuario, en condiciones adecuadas a su realidad, porque no se puede exigir al campesino garantías que no están acordes con su condición económica. Si el campesino tuviera dinero no tendría que acudir al banco para solicitar financiamiento, dijeron.
Algunas intervenciones estuvieron dirigidas a la mujer trabajadora del campo, que es quien sostiene la labor agrícola. Se resaltó que este proyecto trasciende del fomento de la actividad agrícola y propone un sistema de sustentabilidad y sostenibilidad de la agricultura y la ganadería, considerando que Ecuador tiene profunda vocación agrícola. Se mencionó, como aspecto indispensable, fomentar la investigación en materia agropecuaria.
Enfatizaron que no se trata solo de emitir una ley en materia agrícola, per se, sino acompañar esta legislación con normas que beneficien al ser humano, al campesino, que día a día tiene que producir los alimentos que llegan a las ciudades del país.
Una de las críticas al actual sistema agroproductivo se relaciona con la concentración de tierras, en algunas zonas, así como la prevalencia de la agricultura empresarial, sobre la agricultura familiar. Precisamente, esta ley buscaría romper el esquema vigente. A esto se suma la propuesta de fortalecer los procesos asociativos del sector campesino.
Por otra parte, varios asambleístas se expresaron en el sentido que esta debe ser una ley práctica, que no quede en una propuesta teórica, de manera que responda a las verdaderas necesidades del campo, en general, y del sector agropecuario, en particular. Adicionalmente, plantearon se establezcan incentivos específicos para los pequeños y medianos productores.
Otro de los aspectos abordados en el debate fue la política de precios para el agricultor, sector que produce más 32 millones de raciones alimenticias al día y al que, sin embargo, no se le reconoce un precio justo por varias razones, entre ellas, la importación de alimentos, lo cual deja al productor sin acceso al mercado. Así mismo, el acceso a información relevante y oportuna fue considerado como elemento fundamental para el desarrollo del este sector.
Entre los reclamos está la falta de políticas de Estado orientadas al fomento de la actividad productiva, en todas sus etapas: siembra, fertilización, cosecha, almacenamiento y comercialización, puesto que se ha apoyado solo a pocos productos, como el banano, cacao, entre otros. Por otro lado, hay que controlar y sancionar el contrabando, que también afecta a los precios.
Se ha mantenido una agricultura de subsistencia y no se aprovecha el potencial de sector para incrementar su aporte al Producto Interno Bruto (PIB). Esta fue otra de las afirmaciones; a la vez, se consideró que la ley es el primer paso hacia un Código de Desarrollo Rural.
Además, entre las propuestas tuvo énfasis la necesaria colaboración interinstitucional para el fortalecimiento de este sector productivo, con políticas integrales e integradoras.
El proyecto se compone de 178 artículos, ocho disposiciones generales, 12 transitorias, tres disposiciones derogatorias y la disposición final.
Luego de 20 intervenciones, incluida en ellas la ponencia del proyecto, el presidente encargado, César Solórzano, cerró el debate, tras lo cual el proyecto, junto con las observaciones formuladas en el Pleno, regresará a la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, a fin de sistematizarlas, como paso previo a emitir el informe para segunda discusión.
EG/cz
Más fotografías:
