A la Comisión Ocasional que atiende temas y normas de la Niñez y Adolescencia, llegó un paquete de proyectos calificados por el Consejo de Administración Legislativa, para que sean tomados en cuenta en la construcción del informe para segundo debate del Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que podría estar listo en diciembre. Encarnación Duchi, titular de la mesa legislativa, indicó que todas las propuestas serán agrupadas según la materia, en el libro al que corresponda para su respectivo análisis, y con ello construir un documento ajustado con las necesidades de los sujetos de derecho.
En esta oportunidad, los comisionados avocaron conocimiento del proyecto presentado por el asambleísta William Garzón, por el cual solicita que se aplique el principio constitucional de celeridad en los procesos de adopción. Propone, 120 días como término prudencial para el procedimiento administrativo y judicial. Añade que, para garantizar este derecho, los candidatos adoptantes deberán presentar esta demanda ante el juez de las Niñez y Adolescencia en un término de 15 días.
Así mismo, los comisionados conocieron la propuesta de la legisladora Gabriela Larreátegui, quien propone identificar el acoso escolar como una forma de violencia en el ámbito educativo y que se regule no solo el espacio de la educación, sino que también permita incluir a padres y madres de familia, autoridades y comunidad, en la protección y garantía de derechos. La iniciativa reforma el Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Otro proyecto, que llegó a la Comisión para su tratamiento es de la asambleísta María Mercedes Cuesta, quien plantea observaciones al artículo 226 del informe para primer debate del Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto de otros apremios personales y reales en caso de incumplimiento de pago de dos o más asignaciones del régimen de protección económica.
La parlamentaria sugiere dotar al juez de herramientas legales, eficaces, que le permitan llegar a recursos económicos del alimentante sin demora y así disminuir el perjuicio que cada día a día sufre el niño, niña y adolescentes. Propone que la o el juzgador a petición de parte, previa constatación del incumplimiento del pago pecuniario o no pecuniario, dispondrá la aprehensión del dinero de propiedad del alimentante en mora, que éste mantenga por concepto de Fondos de Reserva en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Similar procedimiento se cumplirá la o el obligado cuando haya dejado de pagar dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios.
También, la Comisión avocó conocimiento del proyecto presentado por el parlamentario Héctor Yépez quien pide agregar al artículo 158 del Código de la Niñez y Adolescencia que la progenitora durante la gestación, habiendo sido informada y asistida, así como el otro progenitor, de ser el caso pueden manifestar en sede judicial su intención de que el niño sea adoptado. En este marco, precisa que el juez dará inicio a los trámites ordenados a la adopción plena. Luego del parto y producido el emplazamiento filiatorio, la progenitora, y en su caso el progenitor, tendrán 45 días para ratificar o revocar tal intención.
Así mismo, la mesa legislativa conoció el proyecto del asambleísta Sebastián Palacios quien plantea la necesidad de establecer políticas y lineamientos que ayuden a detener las alarmantes estadísticas que actualmente se tienen sobre el embarazo adolescente e infantil.
En su proyecto plantea que las niñas, niños y adolescentes tendrá derecho a la salud sexual y reproductiva, que incluye la autonomía, libertad y el derecho a la integridad sexual; el derecho a tomar decisiones autónomas sobre su plan de vida, su cuerpo y su salud sexual y salud reproductiva, por tanto, libre de toda violencia, coacción o discriminación; el acceso a información y formación sobre sus derechos; y, el acceso real y efectivo a servicios integrales de salud sexual y salud reproductiva, educación sexual integral, consejería en sexualidad y planificación familiar, conforme su edad y autonomía progresiva.
En cambio, la legisladora Ana Belén Marín presenta varias observaciones a los cuatro libros del Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; y, la parlamentaria Silvia Vera, propone cambios en el artículo 186 del Código de la Niñez y Adolescencia. A su criterio es importante diferenciar y separar las figuras de retención indebida del menor y la del impedimento de régimen de visitas que es un derecho adquirido y que por tanto debe mantenerse su cumplimiento y velarse por el acceso del mismo. Además, hace observaciones sobre la adopción y al Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia.
JLVN/cz
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