La Comisión de Desarrollo Económico avanza en el tratamiento de las reformas a la Ley de Empresas Públicas enviada por el Ejecutivo. En tal sentido, recibió por escrito las observaciones del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia. El funcionario cita que la normativa viola los artículos 213, 216, 283 y 313 de la Constitución de la República, ya que se pretende que la institución se constituya en un organismo de administración, regulación, control y gestión de las empresas públicas.
El titular de la Superintendencia aclaró que las competencias citadas le corresponden exclusivamente al Estado central. De su parte, el presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, indicó que este tema será analizado a profundidad para considerar si tiene legalidad, constitucionalidad y pertinencia.
Además, destacó que una vez que el proyecto ha sido socializado y se han recibido sugerencias y observaciones por parte de entidades del Estado, municipios, academia y superintendencias, la mesa legislativa trabajará en el informe para primer debate.
El asambleísta Fernando Callejas mencionó que no se violaría ninguna norma si se solicita la Superintendencia de Compañías que realice control a las empresas públicas que llegan alrededor de 300.
Puntualizó que al igual que las empresas privadas estas deberían presentar balances, gastos, nóminas de directorio, entre otros requisitos. Consideró que sí es legal si se solicita a la Superintendencia que en conjunto con el Servicio de Rentas Internas y la Contraloría ejerzan vigilancia sobre estas empresas públicas.
Propuesta
De su parte, el legislador Fernando Burbano recordó que el presupuesto de las empresas públicas no es observado, al interior de la Asamblea Nacional, cuando se analiza el Presupuesto General de Estado. “Hay temas que no están bajo nuestro escrutinio”, señaló. En tal sentido, planteó la posibilidad de que mediante la ley exista la obligatoriedad de presentar un informe anual al Parlamento sobre el estado de las empresas públicas.
Apuntó que este procedimiento permitirá realizar un control político al manejo de dichas instituciones, ya que presupuestariamente no se lo ejecuta. El titular de la mesa, Esteban Albornoz, estuvo de acuerdo con el planteamiento del asambleísta Burbano y acotó que es necesario conocer el presupuesto de las empresas públicas porque manejan recursos públicos.
Señaló que, al menos, las empresas públicas creadas por el Gobierno Central deberían entregar información periódica al Legislativo para conocer la situación financiera, alcance y cumplimiento, solo así podremos ejercer control político, enfatizó.
SV/cz
