Son apenas 18 artículos y algunas disposiciones generales y transitorias con nueva redacción que deberá revisar la Comisión de Régimen Económico, para conlcuir el estudio de las reformas a Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, orientadas a prevenir casos de corrupción, a través de la transparencia y calidad de los procesos. En este marco, la mesa legislativa sesionará el viernes, 19 de febrero, a las 15h00.
En esta sesión virtual, los parlamentarios deberán decidir sobre el control previo de la Contraloría, nuevas atribuciones del Sercop, sanciones por incumplimiento, causales para la terminación de un contrato, precios anormalmente bajos, determinación de contratación por giro específico, colusión y discrecionalidad en contratación pública, recurrencia en contrataciones.
Así mismo, definirán respecto de la necesidad de dictámenes o informes técnicos de autorización previa por parte de otras instituciones del sector público para la continuación de los procedimientos de contratación pública, los mecanismos de participación ciudadana y control social, lineamientos generales para la buena estión de la contratación pública, régimen disciplinario, la obligatoriedad de inscripción y habilitación en el Régistro Único de Proveedores (RUP), determinación y justifiación del presupuesto referencial, uso de herramientas informáticas, declaratoria de emeregencia, entre otros temas.
El presidente encargado del organismo legislativo, Franco Romero Loayza, precisó que a través de la normativa se articulan atribuciones y competencias del ente técnico, rector y regulador de la contratación pública (Sercop), para que efectúe un adecuado modelo de gestión, que asesore, controle, supervise y dirima sobre la base de la eficacia, eficiencia, transparencia y calidad de los procesos de contratación, armonizados con la normativa nacional y acuerdos internacionales.
Romero indicó que luego de la revisión del articulado, la Comisión de Régimen Económico preparará el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Contratación Pública.
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