La Comisión de Desarrollo Económico recibió al ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, con el fin de que informe sobre la ejecución presupuestaria 2020-2021, ya que fue esta mesa legislativa quien revisó el presupuesto.
El titular del ente legislativo, Esteban Albornoz, hizo un recuento de las observaciones que en su debido momento se hizo al presupuesto, recordó que el objetivo planteado por la mesa era contar con un verdadero instrumento de gestión que incentive al empleo y disminuya las desigualdades.
Respuesta ministerial
El ministro Pozo puntualizó que en 2020 Ecuador atravesó la peor crisis económica de la historia, sin embargo, reconoció que el apoyo de organismos internacionales logró atenuar el impacto de la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19.
Tras esta puntualización, el secretario de Estado explicó la ejecución del presupuesto en 2020. Señaló que el presupuesto inicial fue de 35 498,42 millones de dólares, el codificado 32 080,36 millones y el devengado 29 938,13 millones, con una ejecución total del 93.46 %.
Al mismo tiempo explicó los egresos e ingresos de presupuesto. Por ejemplo, dijo que en transferencias o donaciones corrientes se ejecutaron 3677,64 millones de dólares, en transferencias o donaciones de capital la ejecución fue de 2810,9 millones de dólares, de este rubro las transferencias a los GAD al 31 de diciembre de 2020, asciende a 2664,8 millones (94,8 %), mientras que en las políticas de protección social se invirtió 1045,4 millones.
Respecto al presupuesto inicial de 2021 indicó que se requiere ajustes durante la ejecución, conforme la nueva realidad de los ingresos nacionales. Resaltó que el ejercicio 2021 prioriza a sectores sociales más vulnerables.
Al finalizar su intervención señaló que para juzgar si es bueno o malo lo ejecutado se deben evaluar en resultados de la administración fiscal, en tal sentido, puntualizó que hay reducción del déficit, una menor carga anual de deuda, financiamiento más barato, recuperación en la recaudación tributaria, aumento de liquidez producto del financiamiento y superávit comercial.
Inquietudes legislativas
La asambleísta Doris Soliz pidió al ministro solventar dos inquietudes; aclaración de rubros que les adeudan a los GAD y por qué se dio el pago anticipado de la deuda externa. En tanto, el parlamentario Homero Castanier solicitó explicación sobre qué pasa con el pago de los incentivos jubilares a los docentes.
El legislador Fernando Callejas mostró su satisfacción porque a través de un manejo serio y responsable se haya disminuido el déficit fiscal que acarreaba el país. Así mismo, dijo que fue una decisión acertada recibir el apoyo de multilaterales, de lo contrario, se hubiese acrecentado la crisis económica.
El asambleísta César Rohon pidió respuestas sobre qué esfuerzos se hacen para que el déficit se reduzca, qué está previsto monetizarse o si ya existe alguna concesión. Así mismo se solidarizó con los GAD e indicó que el IVA debe quedarse en su lugar de origen porque hay municipios que necesitan de ese dinero para realizar obra.
El legislador Rubén Bustamante también preguntó sobre el pago a los docentes jubilados y, además, sobre qué pasará con la sostenibilidad y sustentabilidad del presupuesto para los próximos años. Mientras tanto, el asambleísta Mauricio Zambrano planteó interrogantes respecto a la relación gasto social vs pago deuda, incremento anual para salud y educación, y a cuánto asciende la deuda por el modelo de equidad.
Acciones oficiales
El ministro Pozo señaló que este presupuesto entró en vigencia antes de la pandemia, por lo tanto, se generaron ciertas diferencias. Remarcó que tres temas no se cumplieron el año pasado: ingresos tributarios, ingresos petroleros y por monetizaciones, solo ahí se tuvo un impacto de 6 a 8 mil millones de dólares, apuntó.
En respuesta a otras inquietudes señaló que no se ha reducido el presupuesto en salud, que el problema del pago a docentes jubilados se resolverá en los próximos días, dijo que hubo retraso por fallas en el sistema. Sobre los procesos de monetización señaló que se encuentran los proyectos Sacha, la hidroeléctrica Sopladora, las antenas y la administración de la CNT.
En otro tema, explicó que no se ha pagado de forma anticipada la deuda externa, dijo que para poder viabilizar la reestructurada deuda con tenedores de bonos no había como incumplir con las cláusulas de convenio. Sobre qué se hace para la reducción del déficit puntualizó que se renegociaron contratos y otros se anularon, se redujeron viajes, se dejaron de lado consultorías externas, entre otros temas.
El titular de la mesa Esteban Albornoz agradeció la comparecencia, para inmedatamente recibir al ministro de Trabajo, Andrés Isch, quien hizo una evaluación sobre la aplicación de la Ley Humanitaria en cuanto a la conservación del empleo.
Ley Humanitaria
En cuanto a la aplicación de la Ley Humanitaria señaló que hubo 60 753 contratos registrados con reducción de jornada, 4753 acuerdos de preservación de fuentes de empleo y 51 790 contratos emergentes. Remarcó que la norma, además, permitió otorgar 7879 nombramientos al personal de salud.
Así también mostró un gráfico sobre la caída de empleo desde marzo hasta junio y tras la aprobación de la Ley Humanitaria sostuvo que la curva empieza a sostenerse. La ley nos permitió la preservación de las fuentes de trabajo, desde agosto hay un incremento del empleo sostenido mes a mes, indicó.
En cuanto a las nuevas modalidades señaló que hubo 51 790 contratos emergentes, 35 504 por giro de negocio y 3754 por contrato productivo, joven y de formación, turístico y, cultural y emprendimiento. En referencia a los empleos salvados señaló que son 65 506.
Así mismo, el titular de Trabajo presentó ante los comisionados el proyecto de Ley Economía Violeta.
SV/cz
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