Con el objetivo de profundizar el debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social y las leyes de Seguridad de Fuerzas Armadas y la Policía, de autoría del parlamentario Roberto Gómez, la Comisión de Trabajadores, en la sesión 060, recibió las comparecencias de los ministros de Gobierno, Defensa y autoridades del Isspol e Issfa.
La propuesta establece que el Estado reconozca el pago del 100 % a los beneficiarios de las pensiones jubilares por vejez o retiro que estén o se reincorporen a prestar servicios bajo relación de dependencia y perciban, por ello, sueldo, salario o remuneración. Actualmente, en la legislación de dichas normas consta el descuento del 40 % del aporte estatal a las pensiones jubilares cuando el jubilado reingresa al mercado laboral y se afilia al IESS como trabajador en relación de dependenca.
El Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, consideró que el proyecto tiene sentido constitucional y carácter social respecto a la intangibilidad de las pensiones, además motivaciones básicas para que la reforma siga su trámite normal y se haga realidad, en el menor tiempo posible.
Aseguró que la pensión jubilar es el fruto de aportaciones de los uniformados durante su carrera profesional antes de pasar a retiro, las que de ninguna manera pueden ser embargadas, retenidas o recortadas.
En la misma línea, Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, opinó que ese tipo descuento del 40 % en las pensiones es una medida inconstitucional. Aprovechó la oportunidad para pedir a los comisionados que se incorpore una disposición para que el Isspol pueda tener jurisdicción y capacidad coactiva, a fin de cobrar deudas y recuperar fondos, tomando en cuenta los escándolos y estafas que tuvo que soportar la entidad.
Adicionalmente, Ángel Esquivel, director del Isspol, se sumó a los criterios de los ministros. Hay que tomar en consideración el artículo 370, último inciso, de la Constitución, que dispone que el Estado garantiza el pago de las pensiones de retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Es más, el Art. 371 de la Constitución manifiesta que las prestaciones en dinero del Seguro Social no serán susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos o de obligaciones contraidas a favor de la institución aseguradora, precisó, al argumentar que la reforma no afecta a las finanzas del Instituto.
Alejandro Vela, director General del Issfa, expresó que no es factible coartar la posibilidad de reintegración laboral de un pensionista. Se debe considerar la pensión jubilar como un derecho de seguridad social, así como la remuneración laboral, acotó.
Finalmente, la presidenta de la Comisión, Karina Arteaga, solicitó que se envíen por escrito las observaciones de los comparecientes para que el equipo técnico pueda analizarlas. Informó que se prevé la votación de este informe el próximo miércoles y suspendió la sesión.
MG/cz
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